En junio del año pasado, un nigeriano murió en un centro de inmigración en la prefectura de Nagasaki tras realizar una huelga de hambre en protesta contra su prolongada detención.
El incidente empujó al gobierno de Japón a iniciar la revisión de las normas referidas a la detención de ciudadanos extranjeros.
El país asiático ha sido criticado por las extensas reclusiones de extranjeros que se niegan a ser deportados y que en algunos casos han superado los cinco años.
Amnistía Internacional Japón exhortó a las autoridades japonesas a establecer un límite al periodo de detención y que ello se aplique al mínimo, informa Kyodo.
Actualmente la ley no contempla un tope para el tiempo que un extrajero puede estar detenido. Los prolongados encierros socavan los derechos humanos de los afectados, según Amnistía, que también pide que Japón cumpla con el principio que prohíbe la deportación de personas en peligro de persecución.
La organización de derechos humanos presentó una petición formal al Ministerio de Justicia y la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón.
Amnistía, que acompañó su solicitud con 17.571 firmas, instó al gobierno japonés a aceptar más solicitantes de asilo.
«Japón tiene la obligación internacional de proteger a los refugiados y solicitantes de asilo», enfatizó Hideaki Nakagawa, director ejecutivo de Amnistía Internacional Japón.
La huelga de hambre que protagonizó el nigeriano fallecido el año pasado no es un caso excepcional en los centros de inmigración. Para contener las protestas contra los largos confinamientos, algunos extranjeros fueron liberados. Sin embargo, dos semanas después volvieron a ser detenidos.
Esta práctica -también denunciada por AI- ya no está vigente, según un alto funcionario de inmigración.
Japón está considerando permitir que los ciudadanos extranjeros que soliciten el estatus de refugiados sean liberados, y proporcionarles apoyo financiero para ayudarlos a cubrir sus gastos básicos.
El país no distingue entre casos individuales en principio, con todos los detenidos encerrados independientemente de su situación, explica Kyodo.
El coordinador de campaña de AI, Toshiki Higuchi, manifestó que solo se debe detener a extranjeros cuando carecen de pasaporte o identificación y tienen que ser debidamente identificados, o si representan un riesgo de fuga.
El número de extranjeros detenidos en centros de inmigración en todo Japón ascendía a 1.253, según cifras de junio del año pasado.
De ellos, más de la mitad, 679, llevaban más de seis meses confinados. 251 superaban los dos años de detención.
Entre 2015 y 2019, se registraron en los centros de inmigración de Japón siete muerte y 222 casos de detenidos que se causaron heridas o lesiones por mano propia. (International Press)
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