Un grupo de ciudadanos okinawenses que se oponen a la construcción de helipuertos militares de EE. UU. en el norte de la Okinawa presentaron una demanda alegando que el uso de fondos de la prefectura para el envío de policías antidisturbios de otras prefecturas es ilegal.
El recurso fue presentado en el Tribunal del Distrito de Naha, informó Mainichi Shimbun.
15 personas demandan al gobernador Takeshi Onaga que exija al jefe de la policía de Okinawa la devolución de cerca de 8,5 millones de yenes (73.890 dólares) que se han empleado para el despliegue de policías de otras prefecturas para que mantengan el orden en manifestaciones de protesta contra la construcción de un helipuerto en el Campamento Gonsalves.
Uno de esos policías, específicamente de Osaka, desató la indignación de la población local en octubre pasado, cuando durante una protesta pública contra la construccíón del helipuerto llamó “dojin” (“gente primitiva”) a los manifestantes.
El campamento de entrenamiento militar se extiende por los pueblos de Kunigami y Higashi en el norte de Okinawa. (International Press)
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