En solo dos años, la Oficina de Inmigración japonesa le anula la visa a 509 extranjeros

Ya canceló permisos de residencia hasta por no declarar la dirección de la casa.

El Ministerio de Justicia de Japón está anulando cada vez más permisos de residencia a extranjeros desde la aplicación de los nuevos criterios impuestos en la Ley de Inmigración que fue reformada en 2012.


Según datos recogidos por International Press, en 2012 la Oficina de Inmigraciones anuló 238 permisos de residencia y en 2013 la cifra subió a 271. Las causas principales de la drástica medida son por mentir en sus declaraciones personales, como haber contraido matrimonio por interés y haber presentado documentos falsos para la obtener la visa japonesa.

En tercer lugar, las autoridades japonesas cancelaron sus permisos de residencia a estudiantes y profesionales con visas de humanidades o de empresarios por haber perdido el empleo y estar en paro durante un largo periodo o por hacer actividades distintas a las permitidas por su estatus.

En 2013 unas 58 personas que llegaron a Japón como estudiantes perdieron sus visados por ejercer, sin autorización, otras ocupaciones.


Las autoridades japonesas justificaron su decisión basadas en la Ley de Inmigración que señala que un extranjero puede perder el visado de estudiante o profesional “cuando se dedica durante tres meses o más a una actividad distinta a su visado sin motivos justificables”.

Antes, en 2012, unas 19 personas con estatus de “cónyuge de japonés” o “cónyuges de visa permanente” vieron anulados sus permisos de residencia al no realizar durante 6 meses su vida marital.

En menor medida, se registraron dos casos de cancelación de visado a extranjeros que no declararon su domicilio ante el municipio donde residían. La nueva ley exige comunicar las mudanzas de vivienda en el plazo de 15 días y sanciona a quienes declaren un dirección falsa.


Las cifras señaladas han llamado la atención porque hasta antes de 2012 las anulaciones de visas no llegaron a esa cantidad y porque la Oficina de Inmigración están haciendo uso de su potestad administrativa para cancelar los permisos de residencia, incluso sin una orden judicial. (International Press)

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