Gobierno japonés no tiene previsto abolir la pena capital
El Gobierno nipón «no se plantea por el momento cambiar su política» de aplicar la pena de muerte, según dijo la nueva ministra nipona de Justicia, Midori Matsushima, quien destacó el apoyo mayoritario de la población a esta medida.
Matsushima, que asumió su cargo a principios de mes, reafirmó así la posición sobre la pena capital de Japón, uno de los 22 países del mundo que aún aplican activamente esta condena, y entre ellos el único industrializado y democrático junto a Estados Unidos.
«Creo que la pena de muerte es necesaria para castigar determinados crímenes muy graves. Hemos de tener en cuenta la reacción emocional de las familias y de la ciudadanía en general», dijo la nueva ministra al ser preguntada en rueda de prensa.
El 85,6 por ciento de los japoneses «apoya la pena de muerte en determinadas circunstancias», mientras que el 5,7 por ciento «se opone totalmente», según la última encuesta realizada entre la población nipona y citada por Matsushima.
Las últimas dos ejecuciones en Japón tuvieron lugar el 29 de agosto, lo que elevó a once el número de veces que se ha aplicado la pena de muerte desde que llegó al Gobierno el Partido Liberal Demócrata (PLD).
El ahorcamiento de dos reos tuvo lugar cinco días antes de que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, anunciara una remodelación de su Gabinete de Gobierno, entre cuyos nombramientos destacaba el de Matsushima como nueva titular de Justicia.
El pasado marzo, se reabrió el debate sobre la pena de muerte en Japón debido al caso de Iwao Hakamada, quien fue liberado después de pasar 46 años en el corredor de la muerte y de que un tribunal decidiera revisar su condena al tener en cuenta nuevas pruebas sobre el asesinato múltiple que se le imputaba.
Al ser preguntada por este caso, la nueva ministra señaló que «aún estar por probar» la inocencia de Hakamada, un exboxeador de 78 años que padece una enfermedad mental y condenado a la pena de muerte en 1968.
Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones que Japón aplica de la pena de muerte «sin garantías legales», y ha señalado casos como la ejecución de presos que padecían enfermedades mentales.
Por otra parte, la ministra anunció su intención de modificar el código penal nipón para incluir «castigos más severos» por crímenes de violencia de género y abusos contra las mujeres.
Actualmente, se contemplan penas mínimas de entre 5 años de prisión por agresión sexual a una mujer, por debajo del mínimo de 6 años establecido para robos con lesión, lo que supone «un grave desequilibrio», según la ministra.
«No es justo que se castigue más un crimen contra la propiedad privada que contra una mujer», afirmó Matsushima, quien añadió que la legislación actual «data del siglo XIX y debe ser cambiada para aumentar la protección de la mujer». (EFE)
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