Primer ministro japonés destaca la capacidad de las cinco ministras de su gabinete
Ramón Abarca / EFE
En plena caída de popularidad el primer ministro nipón, Shinzo Abe, llevó a cabo el miércoles su primera remodelación de Gobierno en 20 meses en la que mantuvo los puestos clave pero aumentó a cinco las mujeres en su gabinete.
Abe, que no ha relevado a un solo ministro durante más de 600 días batiendo un récord en la política nipona, decidió mantener seis carteras y renovar doce, en lo que según sus palabras marca el inicio de la segunda etapa de su Gobierno.
La gran novedad la han protagonizado las mujeres. Entre los nuevos nombramientos femeninos destaca el de Yuko Obuchi, que ha sido nombrada ministra de Economía, Industria y Comercio, y que a sus 40 años se convierte en la más joven del Ejecutivo.
Un cargo importante ya que Obuchi, que ya ocupaba cargos de responsabilidad en el Gobierno de Abe, será la responsable del poderoso METI nipón, donde se deciden las políticas industriales de la tercera economía del mundo y donde se deberá fraguar el incierto futuro energético del país.
Las otras cuatro mujeres del Gabinete son Midori Matsushima, nueva ministra de Justicia; Eriko Yamatani, responsable de la cartera para el secuestro de ciudadanos nipones por Corea del Norte; Sanae Takaichi, ministra de Administración e Interior, y Haruko Arimura, ministra de Activación de la Mujer.
«Son mujeres capaces de llevar cabo importantes políticas. Espero conseguir una sociedad donde todas las mujeres puedan sentirse orgullosas y confiadas en su trabajo», aseguró el primer ministro nipón ante los medios de comunicación.
El aumento de la presencia femenina se enmarca dentro de los esfuerzos de Abe para llevar a cabo un lavado de imagen de su partido y cumplir su compromiso de promover el raquítico protagonismo de la mujer en la sociedad nipona, donde la supremacía masculina es arrolladora.
En este sentido, el Gobierno nipón ha puesto en marcha cuyo objetivo es aumentar la proporción de mujeres en cargos de responsabilidad hasta el 30 % para 2020, tanto en el sector público como en el privado.
