Japón debate si legalizar los casinos y convertirse en meca mundial del juego

Sería más grande que Las Vegas. Algunos temen un aumento de los crímenes

El parlamento nipón comenzó a debatir hoy una ley que permita legalizar los casinos en Japón, país que según los analistas podría convertirse en un mercado de juego mayor que el de Las Vegas en caso de aprobarse la medida.

La propuesta de ley fue presentada en diciembre de 2013 por un grupo de unos 200 parlamentarios del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) y también de otros grupos como el conservador Partido por la Restauración de Japón.

La proposición persigue que el país asiático autorice la construcción de los llamados complejos integrados, que amalgaman casinos, hoteles, superficies comerciales de lujo y grandes espacios de entretenimiento como, por ejemplo, teatros.

Los parlamentarios creen que la medida aumentaría la recaudación pública (algo que puede aliviar la pésima salud fiscal nipona) y haría crecer el número de turistas en Japón además de potenciar su gasto en el país en un momento en el que el Gobierno estudia además conceder visados de un año a viajeros con altos ingresos.

Actualmente, Japón no permite construir ni operar casinos y al respecto de los juegos de azar solo contempla como legales las apuestas en carreras hípicas, náuticas y de ciclismo.

A la espera de que el país dé o no luz verde a los casinos, grupos estadounidenses y asiáticos con presencia en Las Vegas y Macao contemplan grandes inversiones en dos complejos integrados que se planean en las bahías de Tokio y de Osaka, el segundo centro económico del país.

Distintos centros de análisis han apuntado que la aprobación de los casinos tornaría a Japón en un mercado de los juegos de azar valorado en entre 30.000 y 10.000 millones de dólares (por encima de los 6.500 en lo que se tasó el «strip» de Las Vegas el pasado año), lo que lo situaría como segundo del mundo por detrás de Macao.

Sin embargo, el principal grupo de la oposición, el Partido Democrático (PD), y el budista conservador Nuevo Komeito, socio de coalición en el Gobierno, se oponen a la medida porque consideran que aumentaría la tasa de la criminalidad en la pacífica sociedad japonesa. (EFE)