Circunstancias políticas y económicas se cruzan en camino de las candidatas
Olga Martín / EFE
Tokio, Estambul y Madrid llegan a la hora de la verdad con proyectos sólidos para organizar los Juegos de 2020, pero no por ello ajenos a la realidad política, social y económica de sus respectivos países e incluso con preocupaciones medioambientales en el caso de la capital japonesa.
Sede de los Juegos de 1964 y segunda eliminada en la votación para 2016 en la que Río ganó a Madrid, Tokio convive estos días de nuevo con las fugas radiactivas de la central de Fukushima, a unos 220 kilómetros al noreste de la ciudad, obligada a adoptar medidas urgentes ante el problema.
La situación ha llevado a Tokio a escribir una carta a los votantes del COI y obligado al gobierno nipón a comprometerse a ayudar al operador de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), para contener las cerca de 300 toneladas de agua altamente contaminada que filtra a diario al mar desde los reactores y el subsuelo.
El viceprimer ministro y antiguo deportista olímpico, Taro Aso, dijo hace poco que, tras el desastre nuclear de Fukushima, ganar el día 7 sería convertirse en «el ave fénix que renace de las cenizas».
«Con Fukushima quedó la impresión de que éramos un país destruido, pero queremos mostrar al resto del mundo que hemos salido adelante y que esto se convierta en un mensaje de esperanza y aliento para el futuro», enfatizó.
Tampoco Estambul llega a Buenos Aires como querría. Presente por tercera vez en una final tras caer derrotada en las de 2008 y 2000, la ciudad turca se examina ante el COI en pleno escándalo por dopaje dentro de su atletismo y con un clima social un tanto convulso.
El presidente de la federación de Atletismo dimitió en agosto tras la suspensión por dopaje de una treintena de atletas, entre los que figuran medallistas olímpicos y campeones de Europa, y el club de fútbol Fenerbahçe ha sido sancionado dos años por amaños.
Además, desde junio, las calles de las principales ciudades turcas han acogido, y aún acogen, protestas ciudadanas, al estilo de las ocurridas en Túnez y Egipto, hasta ahora saldadas con miles de heridos y al menos seis fallecidos.
Una acampada pacífica en protesta por la construcción de un centro comercial en un parque de Estambul se convirtió en la voz del pueblo para exigir la dimisión del Gobierno que encabeza desde 2002 el primer ministro, Receo Tayyip Erdogan.
Consciente de que la realidad social del país no puede estar al margen de una candidatura, Estambul habló de ello en la presentación que las tres ciudades hicieron en julio en el COI, donde su viceprimer ministro para Asuntos Económicos, Ali Babacan, aclaró que su Gobierno garantiza las libertades y derechos fundamentales.
La realidad es que el turismo y la Bolsa se han resentido y que algunos buscan ya explicaciones a una posible derrota. El alcalde de Estambul se ha preguntado cómo explicar las imágenes de violencia vistas en todo el mundo y el ministro de Asuntos Europeos, Egemen Bagis, ya ha dicho que los manifestantes serán los responsables si la ciudad no gana los Juegos.
Madrid por su parte llega a su tercera final olímpica consecutiva, con las garantías financieras aportadas, pese a la crisis que España padece desde hace un lustro, y reanudando el curso político, en el que el caso Bárcenas, los Ere de Andalucía y el contencioso con Gibraltar por el vertido de bloques de hormigón, que impiden faenar a los pescadores españoles, mantendrán su espacio.
La candidatura, con el aprobado del COI para su financiación, presume además de una recién estrenada ley antidopaje, que pudo ser un obstáculo en sus anteriores intentos, y celebra los últimos datos del paro, que indican una sexta bajada consecutiva en agosto, mes en el que por primera vez hay una reducción desde el año 2000.
La capital, tercera en la elección para 2012 detrás de Londres y París y segunda para 2016 al perder la última votación frente a Río, solventó en menos tiempo del previsto su penúltimo examen ante la asamblea del COI, el pasado 3 de julio en Lausana.
Sus representantes sólo tuvieron que responder a cinco preguntas. Dos, igual que sus contrincantes, sobre los valores olímpicos y la libertad de prensa, y otras tres relativas a si ya estaba aprobada la nueva ley antidopaje, si los precios de los hoteles estaban cerrados y por la herencia de los Juegos de Barcelona’92.
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