En la actualidad hay 134 presos esperando la horca
Andrés Sánchez Braun / EFE
Japón ejecutó el jueves a tres presos en lo que suponen los primeros ajusticiamientos desde que el conservador Shinzo Abe llegó al poder hace apenas dos meses, una decisión que apunta a que el país seguirá sin cuestionar la pena capital.
En el país asiático, el único Estado industrializado y democrático que, junto con EEUU, aplica la medida, organizaciones humanitarias condenaron la decisión del Ejecutivo y volvieron a insistir en la necesidad de abrir un debate público.
Entre los tres reos que fueron ajusticiados en la horca, tal y como establece la ley japonesa, en diferentes prisiones del país, se encontraba Kaoru Kobayashi, de 44 años, condenado por el asesinato de una niña de 7 años a la que antes había intentado violar.
El crimen cometido en la prefectura de Nara conmocionó a buena parte del país en 2004 por su extrema crueldad.
Los tribunales también consideraron culpables de asesinato a los otros dos ejecutados, Masahiro Kanagawa, de 29 años, y Keiki Kano, de 62.
El primero fue detenido el 23 de marzo de 2008 después de que comenzara a apuñalar a varios viandantes en una calle de la ciudad de Tsuchiura, prefectura de Ibaraki, un ataque que acabó con un muerto y siete heridos.
Poco antes, Kanagawa había matado también a un hombre de 62 años, al que acuchilló tras allanar su casa.
Kano, por su parte, fue condenado a la pena capital por estrangular en la ciudad de Nagoya a la dueña de un bar, de 61 años, tras negarse a pagar las bebidas que había consumido.
«Todos estos casos fueron crímenes atroces que segaron preciadas vida por motivos egoístas», dijo en rueda de prensa el Ministro de Justicia, Sadakazu Tanigaki, que fue quien autorizó con su firma las tres ejecuciones.
Tanigaki, sin embargo, se negó a precisar por qué se eligió a esos tres presos.
La última vez que Japón había aplicado la pena capital fue en septiembre de 2012 cuando ejecutó a dos reos, entre ellos la primera mujer en 15 años.
En la actualidad, el 80 por ciento de los ciudadanos japoneses apoya la pena de muerte.
«Creemos que el nuevo Gobierno tiene la firme intención de aplicar la pena de muerte de manera constante según lo que se desprende de las palabras del ministro», explicó a Efe una de las gestoras de Amnistía Internacional (AI) en Japón, Sonoko Kawakami.
La activista ve «difícil esperar que se vuelva a instaurar un comité de estudio o que se abra un debate público» dado el historial del conservador Partido Liberal Demócrata (PLD), que acaba de retornar al Gobierno y que durante los más de 50 años que retuvo el poder entre 1995 y 2009 nunca consideró revocar la pena capital.
El Partido Democrático (PD), que lideró el país durante un trienio hasta el año pasado y cuyo mandato se saldó con nueve ejecuciones, constituyó un panel de expertos para estudiar una posible derogación.
Sin embargo, éste fue clausurado dos años después por el exministro de Justicia Toshi Ogawa, cuando accedió al cargo en enero de 2012.
La decisión de Ogawa supuso «una decepción» para AI y constituye para la organización una prueba de que «no existe un compromiso firme para abrir un debate público» por parte de la clase política, explicó Kawakami.
AI, al igual que otras organizaciones, considera que aún hay mucho secretismo en torno a las ejecuciones a pesar de que el Gobierno mostró en 2010 por primera vez a los medios de comunicación las salas donde se llevan a cabo y explicó parte del procedimiento.
La organización humanitaria denuncia también el hecho de que los condenados no conozcan la fecha de su ejecución hasta la misma mañana en que va a producirse, algo que afecta a la salud mental de los reos, recluidos en régimen de incomunicación y con visitas muy limitadas.
Japón tiene en la actualidad 134 presos en el corredor de la muerte, muchos de los cuales llevan allí más de una década esperando la ejecución de la sentencia. (EFE)
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