Yoshihiko Noda busca ganar apoyo para su plan de aumento de impuestos
El Gobierno de Japón confirmó hoy que intentará recortar la contratación de nuevos funcionarios para el año 2013 en más de un 40 por ciento respecto a los niveles de 2009, informó hoy la agencia Kyodo
Este movimiento está dirigido a mostrar el compromiso del Gobierno con el recorte del gasto público y la disciplina fiscal, en un momento en que el primer ministro, Yoshihiko Noda, busca la aprobación de un controvertido plan para elevar los impuestos y reformar la administración.
El recorte está en línea con el compromiso con el que llegó al Gobierno en 2009 el Partido Democrático de Japón, que prometió rebajar los costes que representan los funcionarios para las arcas del Estado en un 20 por ciento.
En esta línea, estableció que en el año fiscal 2011, que termina el próximo marzo, el límite de contrataciones de nuevos funcionarios sería de poco más de 5.000, frente a los más de 8.500 del año 2009, según datos de Kyodo.
Para el año fiscal 2012, sin embargo, el límite de nuevos empleados se elevó a más de 6.300, a fin de poder gestionar el desafío de la reconstrucción tras el devastador terremoto y tsunami que hace casi un año asoló el noreste del país.
Sin embargo, una reunión ministerial sobre reforma administrativa confirmó hoy que para el año fiscal 2013 el objetivo es que las nuevas contrataciones sean menos de 5.000, lo que supone un 40 por ciento menos que las de 2009, según Kyodo.
El recorte del gasto público es uno de los grandes retos de Japón, que arrastra la mayor deuda pública del mundo industrializado, de cerca del doble de su producto interior bruto.
La catástrofe vivida hace un año en el noreste del país ha agravado las cuentas públicas de la tercera economía mundial, que en este ejercicio se vio obligada a pasar cuatro presupuestos extraordinarios para la reconstrucción por más de 185.000 millones de euros.
Para sanear en la medida de lo posible la situación de las arcas públicas, Noda se ha embarcado en una reforma administrativa y fiscal -que la oposición rechaza- y que contempla, entre otras cosas, aumentar el impuesto sobre el consumo del 5 al 10 por ciento para 2015.
La ley también incluye la reforma del sistema de la seguridad social para cubrir los costes de una de las sociedades más envejecidas del mundo, y la revisión del gasto público, lo que incluye, junto a la reducción de contrataciones, una rebaja salarial de los funcionarios y la reducción de escaños en el Parlamento. (EFE)
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