Hace un año se cumplió la última ejecución
El ministro de Justicia nipón, Satsuki Eda, dijo que no aplicará la pena de muerte mientras no le convenzan las conclusiones del comité que estudia si se mantiene o no, cuando se cumple un año de las últimas ejecuciones en el país asiático.
«La pena de muerte es un castigo muy complicado por lo que estamos con las deliberaciones y mientras duren estas, no habrá ejecuciones», manifestó Eda durante una rueda de prensa recogida por el diario Asahi en su edición digital.
Sin embargo, no concretó cuándo finalizarán los trabajos del panel de expertos, creado hace un año por la exministra de Justicia Keiko Chiba tras las últimas dos ejecuciones, el 28 de julio de 2010.
Eda dijo que las opiniones de los integrantes que ha escuchado hasta el momento no le han convencido y que hará falta más trabajo para que pueda tomar una decisión al respecto.
El ministro, un abogado contrario en principio a la pena capital, no ha firmado ninguna ejecución desde que asumió el cargo el pasado enero, aunque varios tribunales han decretado condenas a muerte en lo que va de año.
La exministra Chiba estableció el comité de estudio de la pena de muerte tras las últimas dos ejecuciones, que ella misma firmó pese a ser una abogada progresista y haberse manifestado anteriormente en contra de la condena capital.
Las ejecuciones, aplicadas a dos condenados por asesinatos múltiples, pusieron fin al paréntesis de un año sin su aplicación que había supuesto la llegada al poder del Partido Democrático (PD) en 2009.
Aquello fue un duro golpe para las esperanzas de los grupos humanitarios, pese a que la pena capital no se ha vuelto a aplicar en Japón desde entonces.
«Estamos encantados de que no se hayan producido ejecuciones en un año, pero el debate no ha avanzado ni hay nueva información sobre cómo se realizan», explicó a Efe Osamu Amano, responsable en Tokio de la sección de Amnistía Internacional que busca derogar la pena de muerte.
Una de las características de la pena capital en Japón, uno de los pocos países industrializados que la mantiene, es la poca información de la que se dispone, más allá de que se aplica mediante la horca y en siete de las 75 cárceles del país.
Los condenados conocen la fecha de su ejecución ese mismo día, mientras sus familiares son informados una vez que ésta se ha llevado a cabo.
Hasta diciembre de 2007, el Ministerio de Justicia ni siquiera divulgaba los nombres de los ajusticiados.
Amano indicó que actualmente hay 120 personas condenadas a muerte en Japón y que el número sigue aumentando, y lamentó el sistema de jurados populares que se introdujo en mayo de 2009 por el que los propios ciudadanos pueden dictar esta pena, que ratifican luego instancias superiores. (EFE)
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