El parlamento de Japón promulgó una ley que endurece las regulaciones sobre el uso de redes sociales en campañas electorales, con el objetivo de preservar la equidad mediante la prohibición de información falsa sobre los candidatos y la obligación de las plataformas de mitigar su impacto.
El gobierno prevé implementar estos cambios para el 1 de marzo de 2027, antes de las elecciones locales unificadas de la primavera.
CONSENSO POLÍTICO Y ANTECEDENTES
La legislación transversal, impulsada por el gobernante Partido Liberal Democrático, su socio menor de coalición, el Partido de la Innovación de Japón y cuatro facciones de la oposición, recibió el visto bueno de la Cámara de Consejeros.
La reforma busca contrarrestar la desinformación en línea protegiendo simultáneamente la libertad de expresión. La medida surge tras el impacto de las estrategias digitales en la victoria aplastante del partido oficialista en los comicios de febrero bajo la primera ministra Sanae Takaichi.
REGULACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Las modificaciones aplicadas a la Ley de Elecciones para Cargos Públicos y a la normativa de plataformas de distribución de información prohíben explícitamente a los internautas difundir datos falsos o distorsionar hechos que alteren la justicia del proceso.
Asimismo, se exigirá de forma estricta a los usuarios especificar claramente cuándo las imágenes o videos publicados hayan sido creados o alterados mediante herramientas de inteligencia artificial.
DIRECTRICES Y FALTA DE SANCIONES
El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones establecerá las pautas de cumplimiento para los operadores de las plataformas, quienes deberán divulgar informes anuales sobre su implementación.
No obstante, la efectividad de la norma genera dudas debido a que los operadores tecnológicos no enfrentarán sanciones penales ni multas en caso de incumplir las medidas delineadas por la cartera de comunicaciones.
Una resolución suplementaria adjunta a la ley insta al ministerio a definir ejemplos de acción concretos para las plataformas. Entre las recomendaciones se incluye la suspensión de la monetización de cuentas infractoras, la priorización de información permanente de fuentes de confianza como sitios web oficiales y la exhibición visible de avisos de advertencia para los usuarios frente a contenidos dudosos. (RI/AG/IP/)
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