Estados Unidos impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y al abogado principal del tribunal, el senegalés Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el organismo con sede en La Haya.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el martes las medidas contra Akane y Seye, a quienes acusó de participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, detener o procesar a funcionarios de gobiernos que no han aceptado la jurisdicción del tribunal.
Las sanciones contemplan el bloqueo de activos que puedan encontrarse bajo jurisdicción estadounidense y restricciones de acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
CONTRA LA JURISDICCIÓN DE LA CPI
Rubio calificó a la CPI de organismo «corrupto y fatalmente politizado» y sostuvo que ha abusado de sus competencias y excedido su mandato. La Administración Trump considera que el tribunal amenaza la soberanía estadounidense al intentar actuar sobre ciudadanos de países que no son miembros.
Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, y rechaza que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Israel tampoco pertenece al tribunal.
La actual medida forma parte de una campaña iniciada por Trump contra la CPI, después de que el tribunal investigara posibles crímenes cometidos por militares estadounidenses en Afganistán y emitiera órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.
NETANYAHU EN EL CENTRO DEL CONFLICTO
La confrontación se intensificó después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra de Gaza.
Washington sostiene que la CPI no puede ejercer autoridad sobre funcionarios de Estados que no reconocen su jurisdicción. La Administración Trump ha anunciado además que pretende presionar diplomáticamente a los países miembros para que abandonen el tribunal.
En julio, Rubio ya había anunciado que Estados Unidos intensificaría esa campaña. La presidenta Akane había pedido entonces a Japón que ayudara a contrarrestar la presión estadounidense sobre los países asiáticos miembros de la CPI.
AKANE, EN LA MIRA DE RUSIA
Akane también ha sido objeto de medidas de Rusia. En 2023, las autoridades rusas la incluyeron en una lista de personas buscadas después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
La presidenta de la CPI inició su mandato al frente del tribunal en 2024. Japón ha mantenido públicamente su respaldo a la institución y a su independencia. El Ministerio de Justicia japonés confirmó este mes un encuentro entre Akane y el ministro Hiroshi Hiraguchi para tratar la cooperación con la CPI.
El Ministerio de Exteriores japonés también reiteró en marzo que Tokio continuará apoyando a la CPI para garantizar su independencia y seguridad y fortalecer el Estado de derecho internacional. (RI/AG/IP/)
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