Ante los desafíos de una rápida llegada de más extranjeros a Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD) presentó un nuevo paquete de propuestas políticas que busca responder a las preocupaciones de la ciudadanía sobre inmigración, convivencia social y seguridad nacional.
La iniciativa, entregada a la primera ministra Sanae Takaichi, parte de la premisa de que la aceptación de extranjeros debe realizarse bajo normas claras y ordenadas, y plantea tres grandes ejes de acción para consideración del gobierno.
REDUCIR LA INMIGRACIÓN ILEGAL
El documento plantea la puesta en marcha de un “Plan de cero residentes ilegales”. Como objetivo, propone reducir significativamente el número de personas en situación migratoria irregular para enero de 2028, tomando como referencia las cerca de 58.000 registradas en julio de 2022.
También recomienda una respuesta más firme frente al uso indebido del sistema de asilo y plantea revisar los criterios para otorgar la residencia permanente, incluyendo la posible ampliación de las causales de cancelación.
En el ámbito tecnológico, propone introducir el sistema JESTA para 2028 para identificar, antes de embarcar hacia Japón, a extranjeros que vienen a quedarse como ilegales y reforzar el monitoreo digital mediante patrullajes cibernéticos en redes sociales.
INTEGRACIÓN E IDIOMA JAPONÉS
Junto con las medidas de control, la propuesta contempla la creación del primer programa nacional de aprendizaje del idioma japonés y adaptación a la vida en el país.
El plan prevé una implementación experimental a partir de 2028 y plantea que, en el futuro, la participación en este programa pueda ser considerada como un elemento de evaluación para determinados permisos de residencia.
Además, recomienda desarrollar un sistema de aprendizaje bajo demanda que permita a los futuros residentes acceder a los contenidos antes de viajar a Japón.
VIGILANCIA SOBRE TIERRAS Y PROPIEDADES
En materia de seguridad nacional, el documento insta al gobierno a acelerar el estudio de regulaciones que limiten la adquisición de terrenos ubicados en áreas estratégicas por parte de personas consideradas sospechosas, en un contexto marcado por nuevas amenazas vinculadas al uso de drones.
La propuesta también busca aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario mediante la creación de un registro de propiedades que incluya la nacionalidad de los propietarios.
Asimismo, recomienda incorporar las transacciones inmobiliarias realizadas con criptomonedas a las listas de operaciones sospechosas y comenzar el registro de islas remotas sin propietario dentro de los inventarios nacionales.
Con este conjunto de propuestas, los legisladores solicitan al gobierno una asignación presupuestaria significativa para reforzar los controles, promover la integración y fortalecer la seguridad, con el objetivo de construir una sociedad más ordenada y estable. (RI/International Press)
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