Hakamada recibe ¥5 millones al recuperar sus derechos de pensión

Iwao Hakamada y su hermana Hideko.

Iwao Hakamada, el ciudadano de 90 años cuya absolución definitiva fue confirmada tras pasar décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de una familia de cuatro personas en 1966, recibió un pago extraordinario de aproximadamente cinco millones de yenes en enero de este año.

Fuentes cercanas al caso revelaron que esta subvención especial equivale a las pensiones devengadas que debió percibir desde los 65 años hasta la ratificación oficial de su inocencia, restituyendo de forma parcial los derechos económicos vulnerados por su prolongada detención.


Este desembolso financiero se ejecutó bajo el amparo de una ley de excepción diseñada específicamente para ex-condenados a muerte que logran demostrar su inocencia en un juicio de revisión.

En el sistema de seguridad social japonés, los ciudadanos deben abonar las cotizaciones de la pensión nacional (kokumin nenkin) antes de cumplir los 60 años para calificar al beneficio; sin embargo, el confinamiento forzado impidió que Hakamada realizara estos aportes mensuales.

Para subsanar esta traba administrativa, su defensa realizó en julio de 2025 un pago único retroactivo correspondiente a las primas acumuladas desde que se congeló su sentencia de muerte, obteniendo finalmente la elegibilidad formal.


Respecto a las asignaciones corrientes posteriores a la declaración de inocencia, las autoridades tramitaron en diciembre de 2025 un pago acumulado de unos 800.000 yenes que cubría un periodo de 13 meses, transcurrido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. A partir de esa fecha, el subsidio gubernamental se ha seguido depositando de manera regular y periódica en las cuentas bancarias del anciano para sostener su manutención.

La abogada Naomi Muramatsu, quien ejerce la función de tutora legal adulta de Hakamada, ofreció una declaración pública lamentando la dolorosa anomalía institucional que representó este proceso de restitución.

La jurista enfatizó la necesidad urgente de construir una sociedad justa en la que ningún ciudadano se vea obligado a emprender batallas legales extenuantes para recuperar derechos fundamentales y cotidianos, como el acceso a una jubilación digna, tras haber sido víctima de un error judicial de magnitudes históricas. (RI/AG/IP/)



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