Eliminar temporalmente el impuesto al consumo en alimentos en Japón requeriría al menos un año de preparación tras una eventual reforma legal, según advirtió el sector minorista en una reunión técnica del Consejo Nacional de Japón.
El debate fue abordado con participación de representantes políticos y del comercio, en el marco de una propuesta planteada tras las elecciones generales de febrero de 2026 para aplicar una tasa cero durante dos años.
Durante la reunión del pasado 18 de marzo, los representantes del sector coincidieron en que la medida exige una preparación técnica significativa, especialmente para adaptar sistemas y operaciones en todo el país.
Advirtieron además que cambios rápidos en la tasa impositiva podrían afectar la gestión empresarial. En ese contexto, plantearon que, de existir otras alternativas, deberían ser consideradas para evitar impactos operativos en el corto plazo.
El encuentro, de carácter reservado, fue encabezado por el legislador Itsunori Onodera, quien explicó posteriormente a la prensa los principales puntos tratados con los sectores convocados.
Uno de los principales desafíos identificados es la adaptación de los sistemas utilizados en las cajas registradoras de las tiendas para procesar ventas y registrar datos, conocidos como POS. Estos ajustes dependen de cada proveedor tecnológico.
Debido a estas diferencias entre empresas, los plazos podrían incluso extenderse más allá del año inicialmente estimado, según señalaron algunos participantes en la reunión técnica.
En paralelo, el gobierno encabezado por Sanae Takaichi planteó que la tasa cero funcione como una medida transitoria antes de introducir un sistema de créditos fiscales con devolución.
Actualmente, la combinación de reducción temporal del impuesto y posterior implementación de créditos fiscales es considerada la línea principal de la política, aunque la eliminación del impuesto no sería permanente.
Otro punto relevante es el impacto en los ingresos fiscales. La reducción del impuesto implicaría una caída anual estimada en alrededor de cinco billones de yenes, pero hasta el momento no se ha definido cómo se compensará esa disminución en la recaudación.
Entre las opciones teóricas se menciona un eventual aumento de la tasa estándar para mantener los ingresos. Sin embargo, esta alternativa implicaría un cambio en la carga fiscal y enfrenta importantes dificultades políticas.
En términos de precios, se prevé que la reducción del impuesto genere cierta disminución en los productos. Sin embargo, el aumento en costos de adquisición y los gastos de adaptación podrían limitar ese efecto en el consumidor.
La sesión marcó el inicio de una serie de consultas con organizaciones del sector, incluyendo supermercados, tiendas de conveniencia y grandes almacenes. En adelante, también se prevé escuchar a empresas vinculadas a sistemas comerciales. (International Press)
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