La estructura financiera que sostiene la red de protección social de Japón se encuentra en un delicado equilibrio que depende, en gran medida, de la responsabilidad fiscal. El sistema de Seguridad Social se financia actualmente mediante un modelo mixto: aproximadamente el 60% de los costos se cubre con las primas de seguros que pagan ciudadanos y empresas, mientras que el 40% restante proviene de los impuestos. Dentro de esta partida fiscal, el impuesto al consumo es la columna vertebral indiscutible, explica el diario económico Nikkei.
La Ley del Impuesto al Consumo establece un mandato legal claro sobre el destino de este dinero. La recaudación debe utilizarse para sufragar los gastos de cuatro pilares fundamentales: las pensiones, la atención médica, los cuidados de enfermería (kaigo) y las medidas para combatir la baja natalidad. La elección de este tributo como fuente principal no es arbitraria; se debe a que sus ingresos son mucho más estables y menos vulnerables a las crisis económicas o a los cambios demográficos que otros tipos de impuestos.
Del total recaudado, algo más de un tercio se transfiere a los gobiernos locales en forma de impuesto al consumo local o impuesto de asignación local. Por norma general, estos fondos transferidos a las regiones también deben destinarse a la seguridad social, salvo ciertas excepciones técnicas. Sin embargo, las cuentas nacionales revelan un déficit estructural preocupante.
El costo base para el Estado de las cuatro áreas prioritarias asciende a unos 34 billones de yenes (unos 219.000 millones de dólares). En contraste, los ingresos que entran a las arcas nacionales por el impuesto al consumo apenas superan los 20 billones de yenes. Esta inmensa brecha financiera de 14 billones de yenes se cubre actualmente mediante la emisión de bonos deficitarios, lo que significa que el bienestar actual se está pagando, en parte, con deuda pública futura.
En el actual clima electoral, las diversas propuestas de los partidos políticos para recortar impuestos plantean un riesgo directo para la supervivencia de este sistema. Un análisis de los datos revela consecuencias drásticas. Si se eliminara el impuesto al consumo solo para los alimentos, la recaudación nacional y local caería en 5 billones de yenes. Esta pérdida es superior a todo el presupuesto estatal destinado a combatir la baja natalidad y a los cuidados de enfermería juntos.
Los escenarios de recortes más agresivos presentan un panorama aún más sombrío. Reducir la tasa general al 5% generaría un agujero de 15 billones de yenes, una cifra que excede el costo total de las pensiones a cargo del Estado. Finalmente, una reducción al 0% implicaría una pérdida de ingresos superior a los 30 billones de yenes, lo que en la práctica borraría casi la totalidad de los fondos fiscales que hoy sostienen la vida y la salud de la población japonesa. (RI/AG/IP/)
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