El Gobierno de Japón aprobó este 23 de enero las «Medidas de Respuesta Integral» para gestionar la población extranjera. La administración de la primera ministra Sanae Takaichi busca equilibrar el control migratorio con programas de integración social ante la preocupación ciudadana por el cumplimiento de las normas. El paquete de medidas persigue una «convivencia ordenada» basada en reglas claras y el fin de las conductas que evaden la legalidad vigente.
La ministra encargada de la Convivencia con Extranjeros, Kimi Onoda, exigió responsabilidad individual: «Queremos que los extranjeros también tomen acciones responsables como miembros de la sociedad». Según Onoda, el objetivo es «lograr una sociedad donde tanto los ciudadanos japoneses como los extranjeros puedan vivir con seguridad y tranquilidad». El plan incluye endurecer la fiscalización de visados y ejecutar con firmeza el programa de «Cero ilegales».
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE Y RESIDENCIA PERMANENTE
El Gobierno implementará programas oficiales sobre el idioma japonés y las normas sociales básicas. La asistencia a estos cursos y la comprensión de las leyes locales serán requisitos evaluados para obtener la residencia permanente. Los residentes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la seguridad social y reglas de convivencia vecinal, como la gestión de residuos, para asegurar que se integran correctamente en la estructura social nipona.
Para ejecutar la política, el Estado subvencionará visitas de apoyo a empresas y complejos residenciales con alta densidad de extranjeros. Personal municipal explicará directamente los sistemas sociales y las normas de conducta. Esta estrategia vincula la permanencia legal en Japón con la capacidad de adaptación demostrada a los estándares de convivencia nacionales, evitando que la diversidad comprometa la cohesión del país.
Estas medidas ocurren mientras el 54% de los alcaldes japoneses califican a los extranjeros como «indispensables» para la supervivencia de sus comunidades ante el declive demográfico. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el orden es el cimiento de la sociedad y ha intensificado la vigilancia sobre visados técnicos y de gestión. La prioridad es cubrir las vacantes laborales sin relajar la disciplina social ni la seguridad pública. (RI/AG/IP/)
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