Un restaurante de ramen en Osaka ha desatado una fuerte controversia tras anunciar en redes sociales que prohibirá la entrada a clientes de nacionalidad china. El establecimiento justificó esta medida alegando que la inmensa mayoría de los problemas con extranjeros son causados por personas de dicho país, tras un reciente altercado que requirió la intervención policial. Sin embargo, la raíz del conflicto parece estar en un polémico sistema de precios diferenciados, donde los turistas pagan casi el doble que los residentes locales por el mismo plato.
La disparidad de tarifas quedó al descubierto al comparar los menús del local: mientras la versión en japonés ofrece el ramen a 1.028 yenes, el menú en inglés marca un precio de 1.900 yenes. Expertos señalan que es natural que los clientes que comprenden ambos idiomas detecten la diferencia y reaccionen con indignación. El dueño del local intentó defenderse en un video de YouTube, argumentando que atender a quienes no hablan japonés implica una carga de trabajo extra que justifica un costo mayor, negando cualquier intención discriminatoria.
Desde el ámbito legal, el abogado Mansaku Kanada, del bufete Kasai & Kanada, explicó que establecer un «doble precio» para extranjeros requiere razones de peso y mucha transparencia. Si bien existe la libertad de empresa, aplicar una tarifa mucho más alta sin un valor añadido claro podría considerarse un acto ilícito. El abogado advierte que, para evitar roces, cualquier cargo adicional por servicios de traducción o atención especial debería estar claramente explicado en el idioma del cliente desde el primer momento en el menú.
La decisión de vetar a una nacionalidad específica basándose en incidentes previos también camina sobre una línea legal peligrosa. El abogado Kanada dijo que prohibir la entrada a todo un grupo nacional sin considerar otras medidas podría calificarse como una violación de la dignidad humana. Según el experto, este tipo de exclusión arbitraria puede constituir un acto ilícito bajo el código civil, ya que discriminar a una persona únicamente por su origen étnico o nacionalidad vulnera sus derechos fundamentales y sociales. (RI/AG/IP/)
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