El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el estado de emergencia nacional para blindar legalmente los ingresos derivados de la venta de crudo venezolano. Mediante una orden ejecutiva firmada el pasado 9 de enero, el gobierno estadounidense busca proteger los fondos depositados en cuentas del Departamento del Tesoro, evitando que sean objeto de embargos o procesos judiciales. La Casa Blanca justificó esta medida como una garantía necesaria para asegurar la estabilidad económica y política de Venezuela bajo su supervisión.
Tras la operación militar que resultó en la destitución del líder izquierdista Maduro, la administración Trump ha establecido que Estados Unidos gestionará de manera indefinida las ventas del petróleo venezolano. El mecanismo diseñado establece que los ingresos por exportaciones ingresen primero a cuentas controladas por Washington, para luego ser distribuidos hacia Venezuela bajo la estricta discreción del gobierno estadounidense. Esta estrategia busca que los recursos sirvan exclusivamente a los objetivos de política exterior fijados por los norteamericanos.
La orden ejecutiva enfatiza que permitir que estos fondos sean confiscados por procedimientos judiciales socavaría los esfuerzos críticos de Estados Unidos para estabilizar la región. Este movimiento ocurre días después de que Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo que estaban sujetos a sanciones. Paralelamente, el gobierno estadounidense ha iniciado un alivio parcial de las restricciones para facilitar la entrada de este petróleo al mercado global y reactivar el flujo comercial.
En el ámbito empresarial, el gobierno de Trump convocó a ejecutivos de unas 20 compañías petroleras para discutir la reconstrucción del sector energético venezolano. Aunque la administración presiona por una inversión inmediata de al menos 100.000 millones de dólares por parte de gigantes estadounidenses, el sector privado ha mostrado cautela. Los directivos de las grandes petroleras manifestaron dudas sobre la viabilidad de inversiones de tal magnitud sin garantías de seguridad jurídica a largo plazo, a pesar del nuevo sistema de protección de ingresos. (RI/AG/IP/)
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