El gobierno de Sanae Takaichi está impulsando a toda velocidad una revisión exhaustiva de la política de extranjeros, enfocándose en un mayor control y estricta gestión de los residentes y los activos que poseen en Japón. Entre las medidas más destacadas se encuentra la intención de rastrear la nacionalidad de quienes adquieren bienes raíces en el país y centralizar la información sobre todos los propietarios.
Una de las prioridades del gobierno es establecer un mecanismo integral para rastrear el estado de los pagos de impuestos, la seguridad social y las contribuciones a los servicios médicos por parte de los residentes extranjeros. Además, la revisión incluye una dirección clara hacia la estricta aplicación de los requisitos para los trámites de residencia y los criterios de naturalización.
La primera ministra Takaichi, instruyó a los ministerios para que aceleraran las contramedidas en la reunión inaugural del Consejo de Ministros sobre Políticas de Extranjería en noviembre. Los ministerios están identificando los desafíos relacionados con la implementación de estas nuevas directrices. Se espera que una respuesta integral del gobierno, que incluirá el enfoque fundamental de la nueva política, sea finalizada ya en enero del próximo año.
Actualmente, existen tipos de bienes raíces en los que la nacionalidad de los propietarios no se registra de manera efectiva. Para solucionar esta laguna, el gobierno está estudiando mecanismos que podrían incluir la obligación de declarar la nacionalidad durante el proceso de registro de la propiedad. La Agencia Digital busca centralizar la información de los propietarios de tierras a partir del año fiscal 2027 en el «Registro Base de Bienes Raíces» (Fudosan Bēsu Rejisutori).
Además, se evalúa expandir la ley actual de divisas, que hoy sólo exige a los residentes en el extranjero notificar al gobierno la adquisición de bienes inmuebles si el propósito es la inversión. Finalmente, en cuanto a la naturalización (el proceso para que un extranjero obtenga la ciudadanía japonesa), se planea endurecer la aplicación práctica del requisito actual de «residencia de cinco años o más» en el país. (RI/AG/IP/)
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