La Corporación de Radiodifusión de Japón (NHK) se encuentra en una profunda crisis financiera, reportando un déficit de ¥44,9 mil millones (unos 285 millones de dólares) en 2024 por segundo año consecutivo. Ante la caída récord de ingresos, el gigante mediático ha lanzado una ofensiva sin precedentes para cobrar las tarifas de televisión (jushinryo), utilizando tácticas legales agresivas y apuntando incluso a los vehículos oficiales de los gobiernos locales.
El 18 de noviembre, NHK anunció la creación del «Centro de Medidas Especiales para Tarifas de Recepción» (Jushinryo Tokubetsu Taisaku Senta). Este equipo especializado, compuesto por abogados, tiene como objetivo multiplicar por diez el número de órdenes de pago civil en el segundo semestre del año fiscal contra los aproximadamente 1,7 millones de usuarios con más de un año de impago.
El presidente de NHK, Nobuo Inaba, declaró firmemente el pasado miércoles 19 de noviembre: «Haremos todo lo posible para frenar el aumento de las cuotas no recaudadas y revertir la tendencia.»
LA TÁCTICA DE LA VIGILANCIA
La prensa local ha revelado una nueva estrategia de cobro que ha generado polémica inmediata por sus métodos. Un hombre de 50 años residente en Tokio relató su experiencia de «terror» cuando un cobrador lo confrontó en la puerta de su apartamento. El hombre, que afirma no tener televisor, se dio cuenta de que el cobrador era la misma persona que había visto «apostada» cerca de la entrada del edificio.
El enfoque de NHK no solo se ha centrado en los ciudadanos, sino también en las oficinas gubernamentales. Se ha descubierto que la corporación está persiguiendo el cobro de tarifas por los sistemas de navegación (car navi) instalados en vehículos de uso oficial, argumentando que estos dispositivos tienen un sintonizador de TV.
Los datos revelan la magnitud del problema. En la sede de la Prefectura de Aichi se detectaron ¥20,7 millones en pagos pendientes por 226 vehículos públicos (incluyendo kānavis y monitores).
También pasó lo mismo con la Policía de Aichi. NHK está reclamando ¥8,6 millones por 47 vehículos de investigación y camiones de la policía antidisturbios.
Al mismo tiempo, se reveló que la televisora pública e está reclamando a Municipio de Ishinomaki (Miyagi) el pago de ¥8,1 millones por 43 sistemas kānabi y 24 televisores. Se trata de un cobro retroactivo de equipos instalados desde 2011.
EL COSTO AL CONTRIBUYENTE Y EL ABUSO DE NHK
La agresividad en la cobranza ha generado fuertes críticas, especialmente la dirigida a los gobiernos locales. Un funcionario del gobierno Saitama expresó su descontento: «Siendo que las cuotas se pagan con dinero de los impuestos, no sé si es apropiado cobrar por kānavis que no ven televisión». Se cree que NHK se enfoca en las municipalidades porque son un objetivo «más fácil» para la recaudación.
A pesar de la creciente oposición, NHK defiende su estrategia. La corporación declaró que el procedimiento civil es el «último recurso» después de agotar los «esfuerzos sinceros» y que es una medida «necesaria para promover una carga equitativa de las cuotas de recepción.»
¿CÓMO ES EL SISTEMA EN LOS PAÍSES DEL G7?
El modelo de financiación de la radiodifusión pública, donde la suscripción es obligatoria para los ciudadanos, es una característica predominante en las economías del G7, el grupo de naciones más desarrolladas.
Además de Japón (NHK), los residentes de Alemania, el Reino Unido e Italia están legalmente obligados a pagar una tarifa, independientemente del uso o del consumo directo del contenido. Esta obligación es estricta: en el caso alemán, la tarifa se cobra como un servicio público, mientras que en el Reino Unido se activa si se ve televisión en vivo o se utiliza el servicio streaming de la BBC. En Italia, la RAI pasa la factura junto con la electricidad del domicilio.
Sin embargo, el resto de las naciones del G7 se rige por un principio de voluntariedad o de financiación estatal directa. Las potencias norteamericanas, Estados Unidos y Canadá, sostienen su radiodifusión pública a través de una combinación de subvenciones gubernamentales, patrocinio corporativo y, crucialmente, donaciones voluntarias de sus espectadores.
A este grupo se sumó recientemente Francia, que en 2022 tomó la decisión de abolir su tarifa de licencia de televisión, desvinculándose del modelo de pago obligatorio que caracteriza a sus socios europeos. (RI/AG/IP/)
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