La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha concretado su decisión de convocar la primera reunión de la Conferencia de Ministros Relacionados con la Política de Extranjería, que se celebrará tentativamente el próximo 4 de noviembre. El objetivo principal es claro: dar instrucciones para que se inicie el análisis dirigido a fortalecer la función de comando central del gobierno en esta área y, crucialmente, endurecer las regulaciones sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Esta iniciativa es un reflejo directo de las prioridades de Takaichi, quien ya había adelantado su postura en su discurso de política general. En aquella intervención, la mandataria se refirió a las actividades ilegales cometidas por «algunos extranjeros», enfatizando que, si bien su gobierno se distancia de la «exclusión (haigaishugi)», sí tomará una «respuesta firme y resuelta».
El tema de la estricta regulación en la compra de terrenos por parte de capital y ciudadanos extranjeros no es solo una declaración retórica; está plasmado como un punto clave en el acuerdo de coalición de su gobierno con el partido Nippon Ishin no Kai.
Dicho acuerdo estipula explícitamente que se elaborará un proyecto de ley para intensificar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y capital foráneo, con vistas a ser presentado en la próxima sesión ordinaria del Parlamento en 2026. (RI/AG/IP/)
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