El Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón propuso avanzar hacia un sistema que obligue a los representantes o agentes de inteligencia de potencias extranjeras a registrarse oficialmente si realizan actividades de recopilación de información dentro del país. La iniciativa fue planteada por Takayuki Kobayashi, presidente del Consejo de Política del PLD, durante una conferencia de prensa celebrada hoy en Tokio, en el marco del debate sobre una futura ley de prevención del espionaje.
Kobayashi señaló que Japón necesita un mecanismo similar al que ya existe en Estados Unidos y el Reino Unido, donde las leyes de registro de agentes extranjeros (Foreign Agents Registration Act y Foreign Influence Registration Scheme, respectivamente) exigen transparencia en las actividades de quienes actúan en nombre de gobiernos o entidades externas. “Debe existir una norma que coloque las operaciones de obtención de información por parte de fuerzas extranjeras bajo la supervisión pública”, afirmó el dirigente.
La propuesta se alinea con el compromiso de la primera ministra Sanae Takaichi, quien incluyó la promulgación de una ley anti espionaje entre sus principales promesas durante la elección para la presidencia del PLD. La medida también forma parte del acuerdo de coalición alcanzado con Nippon Ishin no Kai, que respalda el fortalecimiento de la seguridad nacional frente a la creciente injerencia extranjera.
Kobayashi subrayó además la necesidad de crear una “Agencia Nacional de Inteligencia” (Kokka Johokyoku), que centralice la coordinación de las tareas de contrainteligencia y refuerce la protección de información sensible del Estado. Según explicó, Japón debe mejorar su capacidad para detectar y prevenir operaciones de espionaje que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o el desarrollo tecnológico del país.
El debate sobre una ley anti espionaje ha generado tanto apoyo como cautela entre expertos y legisladores. Sus impulsores consideran que Japón está rezagado respecto a otras potencias en materia de defensa de información estratégica, mientras que sus detractores advierten que el alcance de la norma podría afectar la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información. (RI/AG/IP/)
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