El Gobierno Metropolitano de Tokio anunció el 24 de septiembre su intención de intervenir en la estabilización de los precios de los servicios de cremación en los 23 distritos de la capital, donde actualmente las tarifas alcanzan los 90.000 yenes. La medida surge ante la creciente preocupación por el impacto económico en los ciudadanos y tras años de alto costo en comparación con otras ciudades japonesas.
Históricamente, la mayoría de las instalaciones de cremación en Tokio han sido privadas, a diferencia de otras áreas del país donde predomina la gestión pública y, en algunos casos, el servicio es gratuito. Según datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones correspondientes a abril de este año, ciudades como Sapporo o Utsunomiya no cobran por la cremación, mientras que incluso los servicios pagos oscilan entre 3.000 yenes (Tsu) y 25.000 yenes (Tottori y Naha), cifras muy por debajo de los 90.000 yenes de los distritos de la capital.
Hasta ahora, la supervisión y regulación de los precios recaía sobre cada distrito, lo que había limitado la intervención directa del gobierno metropolitano. Sin embargo, con el aumento del número de defunciones en la capital y el envejecimiento de la llamada “generación del baby boom”, las autoridades metropolitanas consideran necesario actuar de manera más activa.
La gobernadora Yuriko Koike señaló durante la sesión ordinaria de la Asamblea Metropolitana que garantizar un sistema de cremación estable es fundamental. Añadió que se trabajará en conjunto con los distritos y municipios para mejorar la gestión de las instalaciones, incluyendo la revisión de la legislación vigente a nivel nacional. Además, se planea reforzar la capacidad diaria de cremación y estudiar la posibilidad de incrementar el número de hornos en el futuro.
El alto costo de la cremación en Tokio se explica por la predominancia de empresas privadas. De las nueve instalaciones operativas en los 23 distritos, siete están gestionadas por compañías privadas como Tokyo Hakuzen y Toda Sosai, mientras que solo dos son públicas (Edogawa y Ota, esta última en colaboración con otros cinco distritos). Las empresas privadas han incrementado sus tarifas debido al alza de los costos de combustible y de personal.
Según la legislación vigente, las instalaciones de cremación requieren autorización municipal, y el Estado promueve la permanencia y el carácter sin fines de lucro, limitando la autorización a municipios, organizaciones religiosas o instituciones de interés público. Las compañías privadas históricas, como Tokyo Hakuzen y Toda Sōsai, operan desde antes de la promulgación de la ley de 1948 y no han recibido instrucciones de los distritos sobre precios recientes. (International Press)
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