La Agencia Nacional de Policía y la Oficina Nacional de Ciberseguridad de Japón publicaron el 27 de agosto un informe conjunto con once países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que alerta sobre las operaciones del grupo de hackers chinos “Salt Typhoon”. Se trata de un paso más en la estrategia internacional de atribución pública para frenar el delito digital señalando directamente a los responsables. En el caso de Japón, esta es la novena advertencia oficial, seis de ellas relacionadas con colectivos vinculados a China, reveló la influyente revista Shukan Bunshun.
Salt Typhoon se ha convertido en uno de los principales actores de la guerra digital global. Desde al menos 2019 ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra gobiernos, infraestructuras críticas, empresas de telecomunicaciones y servicios de transporte. Sus operaciones saltaron a la atención mundial en noviembre pasado, cuando medios estadounidenses lo identificaron como responsable de “el peor ataque informático de la historia de Estados Unidos”.
Investigadores descubrieron que había penetrado redes a través de routers y dispositivos de comunicación, logrando acceso prolongado y discreto a datos sensibles. Funcionarios gubernamentales de distintos países habrían visto expuestas sus comunicaciones y mensajes.
Lo más inquietante es la relación con el Estado chino. Estados Unidos y otros países han señalado que este grupo mantiene lazos con el Ejército Popular de Liberación y que su labor estaría coordinada con los servicios de inteligencia de Pekín. Otros colectivos como “Operator Panda” o “Ghost Emperor” ya han sido catalogados como “amenazas persistentes avanzadas” también bajo patrocinio chino. Según fuentes de seguridad, la información sustraída de gobiernos y empresas estaría siendo utilizada con fines de espionaje estratégico y de ventaja tecnológica.
LOS ATAQUES A JAPÓN
Japón ya ha sufrido ataques de esta magnitud. En 2021, la Agencia de Exploración Aeroespacial (JAXA) fue blanco de una intrusión atribuida a un ciudadano chino, en un caso que la policía vinculó con unidades del ejército chino. Más recientemente, el sector financiero se convirtió en objetivo: solo en los primeros siete meses de 2025, cuentas de clientes de corretaje en línea fueron hackeadas y manipuladas para transacciones ilegales que superaron los 6.000 mil millones de yenes (unos 41 mil millones de dólares), según la Agencia de Servicios Financieros. Investigaciones posteriores rastrearon parte de los accesos a servidores relacionados con China.
El Bunshun dijo que para responder a la amenaza, en 2022 Japón creó la Oficina de Policía Cibernética, un organismo especializado y con facultades directas de investigación. Sin embargo, expertos reconocen que, frente a la magnitud del problema y la sofisticación de los ataques, los resultados aún no son suficientes.
La alarma se refleja en una declaración contundente de un alto funcionario de seguridad: “En el terreno cibernético, la guerra entre Japón y China ya ha comenzado”. Para Tokio, esta advertencia no es retórica. El país observa cómo su seguridad nacional, sus instituciones y su economía están siendo objeto de ataques sistemáticos y de largo plazo.
La cooperación internacional es vista como imprescindible. Japón coincide con sus aliados en que garantizar “un Indo-Pacífico libre y abierto” no se limita ya a la presencia militar o naval, sino que pasa por blindar las redes, los sistemas y las infraestructuras tecnológicas. En este nuevo frente, la defensa digital es tan urgente como la defensa territorial. (RI/AG/IP/)
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