El Ministerio de Salud de Japón dio un paso histórico hacia la ampliación de los derechos reproductivos al aprobar la venta en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia sin necesidad de receta médica. La decisión fue adoptada por un comité de expertos de la cartera, lo que permitirá que el medicamento se comercialice como fármaco de venta libre (OTC).
El fármaco autorizado es el “Norlevo” (nombre genérico: levonorgestrel), desarrollado por Asuka Pharmaceutical en Tokio. Este medicamento retrasa la ovulación y, si se administra dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección, reduce el riesgo de embarazo no deseado en alrededor del 80 % de los casos.
Hasta ahora, en Japón solo era posible obtenerlo con receta médica, lo que limitaba el acceso en zonas con pocos servicios sanitarios y generaba obstáculos emocionales para las usuarias. En más de 90 países y territorios ya se puede adquirir sin receta, lo que había incrementado la presión social para que Japón se alineara con los estándares internacionales.
La aprobación establece condiciones claras: la venta será exclusivamente presencial en farmacias y estará a cargo de farmacéuticos capacitados. No se exigirá límite de edad ni autorización de los padres. Se consideraron casos en los que a las jóvenes les resulta difícil consultar con sus tutores o en los que sufren abusos sexuales, por lo que se acordó no imponer la restricción de 16 años ni la obligación de ir acompañadas de sus padres, tal como se había probado en la fase de venta experimental.
El siguiente paso será un proceso de comentarios públicos para recoger la opinión de la ciudadanía antes de que la medida quede formalmente aprobada.
El debate no estuvo exento de controversia. Organizaciones médicas y civiles advirtieron sobre la posibilidad de abuso o uso inapropiado de la píldora, en particular si su venta se realizara a través de internet sin controles. Por esa razón, el gobierno optó por un modelo con venta limitada y supervisada directamente en farmacias.
La decisión marca un punto de inflexión en la política sanitaria y de género en Japón, donde colectivos feministas, asociaciones médicas y víctimas de violencia sexual llevaban años reclamando un acceso más ágil a la anticoncepción de emergencia. (RI/AG/IP/)
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