El crecimiento de la población extranjera en Japón, junto con la rápida disminución de japoneses, ha generado preocupación en algunos sectores. Según Masashi Kawai, director del Instituto de Investigación Integral sobre Medidas de Reducción Demográfica, si se mantiene el ritmo actual de 35.000 extranjeros más por año, dentro de 20 años “uno de cada diez habitantes será extranjero”.
Kawai advierte que el aumento de la población extranjera tendrá impactos significativos en múltiples áreas. La proporción creciente de extranjeros podría dar lugar a demandas de participación política, una mayor diversidad lingüística y cambios en instituciones tradicionales, incluido el sistema de la familia imperial, que no ha contemplado escenarios en los que los japoneses sean minoría. Aceptar un gran número de extranjeros implica permitir transformaciones profundas en la “forma del país”, un desafío que la sociedad japonesa deberá enfrentar con conciencia.
Estas proyecciones se basan en cifras oficiales: Japón tiene actualmente 3.768.977 residentes extranjeros (2024), cifra récord hasta la fecha, de los cuales 2.302.587 son trabajadores, un aumento interanual del 12,4%. La tendencia ha sido consistente en los últimos tres años: +314.578 en 2022, +335.779 en 2023 y +357.985 en 2024. Si se mantiene este ritmo, para 2040 la población extranjera alcanzará aproximadamente 9,37 millones, para 2042 superará los 10 millones, llegando a 20 millones hacia 2070, representando cerca del 22% de la población total.
En 2024 hubo 686.061 nacimientos y 1.605.298 fallecimientos, con una reducción neta de 919.237 personas, el mayor descenso registrado hasta ahora. Esta tendencia apunta a que los japoneses serán cada vez menos numerosos, mientras los extranjeros y sus descendientes incrementarán su presencia, lo que para Kawai exige reflexionar sobre la estructura del país, su cultura y su sistema político.
Sin embargo, algunos expertos y observadores critican la interpretación que Kawai hace de estos datos. Su análisis se centra en un argumento de alarma demográfica y cultural, mientras que los problemas concretos de seguridad y control migratorio son poco considerados.
La policía japonesa y la Agencia de Inmigración enfrentan desafíos claros: grupos delincuenciales buscan ingresar al país para cometer delitos, y estas amenazas requieren vigilancia efectiva, inspección rigurosa y acción judicial, no la generación de temor sobre cambios culturales o políticos.
Desde esta perspectiva, el debate sobre inmigración debería enfocarse en cómo garantizar la convivencia segura y productiva, no en suponer automáticamente que una mayor proporción de extranjeros amenaza la identidad japonesa. Si las leyes se aplican correctamente, no hay amenaza intrínseca; por el contrario, se puede asegurar una convivencia fructífera que beneficie tanto a Japón como a los inmigrantes. (RI/AG/IP/)
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