En Japón, un reciente caso ha reabierto el debate sobre los trabajadores extranjeros en situación irregular. La detención de un empresario por emplear a personas indocumentadas pone de manifiesto una sorprendente paradoja histórica: durante décadas, la economía japonesa se ha apoyado en el trabajo de inmigrantes que vivían en las sombras, tolerados por las propias autoridades.
Un análisis del libro del periodista Yugo Hirano, «Informe: Instalaciones de inmigración – La desesperación de los centros de detención de extranjeros», revela cómo esta política de la «vista gorda» se transformó en una persecución activa, afectando a la misma gente que sostenía industrias clave del país.
En la década de 1980, Japón vivía un auge económico. La escasez de mano de obra en sectores como la demolición, la agricultura y las fábricas era tan crítica que los empleos no cualificados eran ocupados por miles de inmigrantes de países asiáticos, como Filipinas y Corea del Sur. Muchos de ellos entraban como turistas y se quedaban a trabajar.
Los testimonios de la época demuestran que las autoridades eran conscientes de la situación, y la toleraban tácitamente. Un exfuncionario de inmigración escribió en 1993 que el trabajo ilegal solo significaba una infracción a la Ley de Inmigración, no un delito criminal. Los trabajadores mismos lo sentían así; uno de ellos, Ray Ventura, relató en su libro que las autoridades y la policía «simplemente hacían la vista gorda» y solo intervenían cuando la opinión pública lo demandaba.
La ilegalidad se convirtió en un «mal necesario» que sostuvo la economía con un aporte importante de energía, tenacidad y resistencia ante el maltrato y salarios que un japonés no toleraría.
GIRO EN LOS 90’S Y MIEDO A LA INMIGRACIÓN
Todo cambió en la década de 1990. Con la introducción de nuevas normativas para atraer trabajadores de ascendencia japonesa y la creación de un sistema de pasantías técnicas, el gobierno ya no dependía de los trabajadores irregulares. Fue entonces cuando las autoridades adoptaron una nueva narrativa para justificar su expulsión.
La policía impulsó la idea de que los «extranjeros en situación irregular» eran una amenaza para la seguridad pública. Un artículo policial de 1993 afirmó que, según una «investigación especial», los indocumentados tenían un índice de criminalidad 3,1 veces mayor que los legales, una afirmación que no fue respaldada por ninguna metodología clara. A partir de ese momento, los informes oficiales comenzaron a vincular directamente a los «indocumentados» con la delincuencia.
OPERACIÓN PARA REDUCIR EN 50% A LOS ILEGALES
En 2004, el gobierno lanzó un ambicioso plan para reducir a la mitad la población de extranjeros en situación irregular en un período de cinco años. La meta se logró: la cifra bajó de 219.418 a 113.072. Sin embargo, los datos revelan una táctica sorprendente: de esa reducción, casi la mitad de los casos (49.343) se resolvieron no con deportaciones, sino con la entrega de visas especiales.
Japón nunca aceptó que esa operación fuera llamada «amnistía», tal como había ocurrido en Occidente. Inmigración dijo que se trataba de regulaciones que se observaban «caso por caso» y que la solución de uno no significaba jurisprudencia para ningún caso futuro. Para muchos fue una «amnistía encubierta» que permitió a muchas industrias salvarse del colapso por falta de trabajadores. Miles de peruanos, asiáticos y de otros países pudieron obtener permisos especiales de residencia porque sus hijos estudiaban en la escuela japonesa, cartas de apoyo de su jefe japonés, entre otros motivos.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS INDOCUMENTADOS
Sin embargo, Japón ya había comenzado a implementar la criminalización del ingreso y estancia ilegal de extranjeros según la reforma de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, promulgada en agosto de 1999 y en vigor desde febrero de 2000.
Desde entonces, la permanencia sin visa vigente en Japón dejó de ser únicamente una infracción administrativa para pasar a constituir un delito penal, con sanciones que van desde la cárcel efectiva y la multa, hasta la deportación. Esta reforma marcó un punto de inflexión en la política migratoria japonesa, al endurecer el control sobre la población extranjera en situación irregular y reforzar la capacidad del Estado para sancionar y expulsar a quienes no cumplieran con las normas migratorias.
Japón se convirtió en el tercer país desarrollado en el mundo en penalizar la estancia ilegal de un trabajador extranjero después de EEUU y Australia, con muchos años más de historia como receptores de inmigración.
LA SENTENCIA MCLEAN INSPIRA A JAPÓN
El control de la política de inmigración en Japón se basa en la «Sentencia McLean», un fallo de la Corte Suprema de 1978. Esta sentencia establece que el Estado tiene total libertad para decidir a quién admite, y que los derechos humanos de los extranjeros están «garantizados solo dentro del marco del sistema de residencia». Este criterio ha sido el pilar de la Agencia de Inmigración, otorgándole una enorme «discrecionalidad» para tomar decisiones, como la de volver a endurecer las condiciones para obtener permisos de residencia especial después de 2009. Como resultado, las aprobaciones cayeron drásticamente de 13.239 en 2004 a solo 1.255 en 2017.
Para muchos, la decisión de criminalizar y expulsar a los trabajadores en situación irregular, que durante décadas se encargaron de los trabajos más duros, se presenta como una ironía histórica y una falta de gratitud. Un iraní encuestado para el estudio sobre los ilegales y que ha vivido en Japón con un permiso provisional por 30 años, lo resumió así: «También somos seres humanos… ¿Cómo pueden simplemente decirnos que volvamos a casa?». (RI/AG/IP/)
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