El 4 de agosto, el pleno del Concejo Municipal de Tsurugashima (Saitama) aprobó por mayoría una resolución para pedir a la concejala independiente Megumi Fukushima que se abstenga de publicar mensajes en redes sociales utilizando su cargo. La medida fue adoptada tras una serie de publicaciones en las que la concejala defendía la diversidad y se manifestaba en contra de la discriminación hacia los extranjeros.
La resolución generó un intenso debate público en Japón: ¿puede un concejo municipal pedir a un representante electo que limite su libertad de expresión, aun cuando sus mensajes se enmarquen en la defensa de derechos humanos?
AMENAZAS Y PRESIÓN SOCIAL
Según informó la propia municipalidad, entre mayo y julio se recibieron alrededor de 150 quejas contra Fukushima a través del sitio web oficial, redes sociales y llamadas telefónicas. La mayoría criticaba sus mensajes en contra del racismo. La tensión escaló cuando el 22 de julio se difundieron amenazas de asesinato contra la concejala y un aviso de bomba en instalaciones municipales, lo que obligó a cancelar un evento infantil previsto para agosto.
Ante la presión, el presidente del Concejo, Yoshihiro Uchino, pidió varias veces a Fukushima que pausara sus publicaciones y moderara sus expresiones. Sin embargo, la concejala continuó con su actividad en redes sociales, lo que llevó a la aprobación de la resolución de “autocontrol” en el uso de su cargo para comunicarse en línea.
EXPERTOS: “UN ERROR DEL CONCEJO”
El especialista en sociedad de la información Kenji Tsukakoshi, profesor en la Universidad Gakushuin, calificó la decisión como “equivocada”. Explicó en entrevista radial que la actividad de Fukushima se limita a denunciar la discriminación y promover la convivencia multicultural, sin incitar al odio ni violar la ley.
“Pedirle a la víctima de amenazas que calle es un caso típico de responsabilización individual. No corresponde que el concejo intente limitar la libertad de expresión en este contexto”, señaló.
CONTRASTES CON LA CIUDAD DE KAWASAKI
El caso de Tsurugashima contrasta con la respuesta del Concejo de Kawasaki (Kanagawa), donde en julio un concejal comunista que se pronunciaba contra la discriminación recibió amenazas de muerte y de bomba. Allí, la asamblea municipal emitió de inmediato un comunicado en defensa de la libertad de expresión, subrayando que los ataques contra representantes electos constituyen un riesgo para la democracia.
En opinión de Tsukakoshi, Tsurugashima cedió a la presión de voces extremistas en internet, en lugar de respaldar a una representante que aboga por la igualdad. Además, planteó dudas sobre la naturaleza de las 150 quejas recibidas: “Es importante analizar de dónde provienen y qué intereses representan”.
UN REFLEJO DE LAS TENSIONES SOCIALES
El debate se enmarca en un Japón donde las discusiones sobre migración y convivencia multicultural despiertan cada vez más divisiones. Para los expertos, el auge de discursos hostiles en redes sociales amplifica el clima de desconfianza y alimenta la polarización.
“En tiempos de incertidumbre social, los mensajes emocionales se viralizan y desplazan la reflexión serena. Lo urgente es garantizar que los representantes públicos puedan pronunciarse sin miedo y que la democracia no se vea socavada por la intimidación”, concluyó Tsukakoshi. (RI/AG/IP/)
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