El Poder Judicial dictó hoy cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Martín Vizcarra mientras se desarrollan las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La medida se fundamenta en la existencia de “graves elementos de convicción” y en un presunto riesgo de fuga del ex mandatario.
En su resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz señaló que, en el caso Lomas de Ilo, existen indicios de que Vizcarra habría recibido un millón de soles en sobornos en dos entregas: 400 mil y 600 mil soles. Añadió que, aunque el imputado cuenta con arraigo domiciliario, carece de arraigo laboral y familiar, lo que aumenta la probabilidad de que eluda la justicia. “El hecho de que tenga hijos no implica arraigo; su esposa e hijo menor residen en Moquegua”, puntualizó.
El juez sostuvo que las acciones del exgobernador regional demuestran una “alta probabilidad de evasión” y que su comportamiento resulta cuestionable.
Durante su alegato de defensa, que duró cuatro minutos, Vizcarra manifestó: “Pese al vía crucis que estoy pasando, confío en el Poder Judicial”.
Por su parte, su abogado, Erwin Siccha, cuestionó el pedido de prisión preventiva del fiscal Rafael Vela Juárez, alegando que es incorrecto justificarla en la falta de resguardo policial. También rechazó la suspensión de la candidatura presidencial de Vizcarra aprobada por el Congreso, afirmando que no existe sentencia firme en su contra y que el caso ha sido apelado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La hipótesis fiscal sostiene que Vizcarra recibió 2,3 millones de soles en coimas vinculadas a la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua a las constructoras Obraínsa e ICCGSA. Actualmente no tiene restricciones para viajar ni salir del país. El fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, advirtió que el riesgo de fuga sigue latente y que el expresidente podría solicitar asilo político.
El Ministerio Público presentó pruebas de un persistente intercambio de llamadas entre Vizcarra y José Manuel Hernández, señalado como intermediario en el pago de 1,3 millones de soles por parte de ICCGSA a cambio de la adjudicación del hospital de Moquegua. Las comunicaciones, registradas entre marzo y abril de 2014, también involucraron a Rafael Granados, gerente de la constructora.
Según el fiscal Osías Castañeda, estas evidencias respaldan la confesión de Hernández, quien se acogió a la colaboración eficaz y aseguró que tras dichas llamadas se concretó el primer pago a Vizcarra. (RI/International Press)
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