Japón planea recortar a la mitad el pago extra a los docentes de aulas especiales

El Ministerio de Educación ha propuesto reducir del 3% al 1,5% el pago extra mensual que reciben los docentes que trabajan en aulas de educación especial, como las destinadas a estudiantes con discapacidad auditiva, visual, motora o intelectual. Esta reducción, incluida en el proyecto de reforma del sistema salarial docente actualmente en discusión en el Congreso, ha generado una ola de preocupación entre profesionales del sector.

Hoy en día, estos docentes reciben un 3% adicional sobre su salario base como reconocimiento al esfuerzo y la formación especializada que exige su labor. La nueva propuesta busca disminuir ese porcentaje a la mitad, bajo el argumento de reorganizar los criterios salariales y unificar beneficios en todo el sistema educativo.Actualmente, esto equivale a aproximadamente 10,000 yenes mensuales. De concretarse la propuesta, el monto se reduciría a unos 5,000 yenes a partir del año fiscal 2028.


Sin embargo, especialistas en educación inclusiva y colectivos docentes advierten que la medida representa un retroceso. “Recortar este pago es desvalorizar el trabajo que hacemos día a día en condiciones difíciles, con estudiantes que necesitan apoyos específicos”, explicó una maestra de una escuela pública de educación especial.

Las aulas especiales, muchas veces sin suficientes materiales ni infraestructura adecuada, dependen del compromiso de profesionales altamente formados. Para ellos, este pago extra mensual es un incentivo que reconoce la complejidad y responsabilidad de su trabajo.

Actualmente, mientras se debate elevar la asignación adicional para compensar las horas extras de los docentes, la propuesta incluye reducir a la mitad el pago extra mensual que reciben los maestros de aulas especiales, pese a que su carga laboral y responsabilidades han aumentado considerablemente.


Los gremios docentes piden que el Congreso rechace esta parte del proyecto y mantenga el beneficio en su porcentaje actual. Insisten en que no se trata de un gasto, sino de una inversión fundamental para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad.

Aunque el debate legislativo sigue en curso, la iniciativa ya ha generado amplio rechazo. La decisión final podría impactar directamente en la sostenibilidad y motivación del cuerpo docente especializado, así como en el futuro de miles de estudiantes con discapacidad en el país. (International Press)


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