El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha comenzado a delinear un nuevo sistema para avanzar hacia la gratuidad en los costos de parto, que actualmente deben asumir directamente muchas familias. La propuesta será presentada mañana en una reunión del grupo de expertos encargados de examinar medidas de apoyo a embarazadas y madres recientes.
Actualmente, el sistema de seguro médico público cubre únicamente intervenciones quirúrgicas como las cesáreas, dejando fuera los partos normales. Para paliar esta exclusión, el Estado concede una ayuda única de 500.000 yenes por nacimiento «shussan ikuji ichijikin» (subsidio por parto y crianza infantil). No obstante, el coste real de los partos varía considerablemente entre regiones. En prefecturas como Tokio y Kanagawa, el gasto medio supera con creces el monto del subsidio, lo que obliga a las familias a cubrir la diferencia.
La revisión del sistema responde a los objetivos marcados en la “Estrategia para el Futuro de los Niños”, aprobada por el Gobierno en 2023, que prevé para el ejercicio fiscal 2026 el fortalecimiento de las medidas de apoyo relacionadas con la natalidad. El primer ministro, Shigeru Ishiba, ha reiterado su voluntad de suprimir la carga económica que supone el parto para las mujeres embarazadas.
Entre las opciones que se barajan figura la inclusión del parto normal en el seguro médico público, lo que permitiría suprimir el actual copago del 30 % para este tipo de atención. Sin embargo, el planteamiento genera inquietud entre algunos sectores del ámbito sanitario. Expertos advierten que, si se fijan tarifas uniformes a nivel nacional como parte del sistema de reembolso del seguro, podrían aumentar los centros médicos que opten por dejar de ofrecer servicios de obstetricia.
El ministerio también ha subrayado la necesidad de revisar la definición y el contenido del llamado “parto estándar”. En muchos hospitales, el coste de la hospitalización incluye servicios como menús especiales de celebración, lo que eleva el gasto. Asimismo, si el parto sin dolor, que implica el uso de anestesia epidural, quedase excluido del esquema de cobertura, podrían requerirse medidas adicionales de apoyo económico para garantizar su acceso.
La propuesta que se presentará esta semana busca servir como base para el diseño final del nuevo sistema. El objetivo es establecer un modelo sanitario que permita una cobertura más equitativa y uniforme, sin que las circunstancias geográficas o económicas condicionen el acceso a una atención médica segura en el momento del parto. (International Press)
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