El Gobierno peruano decretó toque de queda y anunció la instalación de una base militar en el distrito de Pataz, región La Libertad, luego de que se confirmara el asesinato de 13 trabajadores mineros secuestrados por bandas vinculadas a la minería ilegal.
La presidenta Dina Boluarte comunicó la medida desde Palacio de Gobierno. El toque de queda regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. a partir de hoy, y las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera Poderosa.
Los 13 trabajadores fueron encontrados maniatados, vendados y ejecutados con disparos en el cuello, según fuentes policiales. Habían sido secuestrados el 25 de abril mientras brindaban servicios a un minero artesanal que tiene un contrato con la minera Poderosa. Sus familias habían reportado su desaparición días después.
PODEROSA RESPONSABILIZA AL ESTADO
La empresa minera Poderosa denunció que este nuevo ataque evidencia la falta de control estatal sobre las zonas tomadas por la minería ilegal. Acusó al Ejecutivo, al Congreso y al Ministerio de Energía y Minas de no actuar a tiempo y proteger, mediante ampliaciones del REINFO, a mineros informales e ilegales que operan sin restricción.
Según la empresa, ya suman 39 trabajadores asesinados por bandas ilegales en la zona en los últimos años.
MÁS MEDIDAS DEL GOBIERNO PERUANO
El Gobierno también anunció:
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Suspensión de toda actividad minera en Pataz por 30 días, prorrogables.
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Solicitud al Congreso de facultades legislativas para legislar en materia de terrorismo urbano.
El crimen de Pataz se suma a una serie de ataques que reflejan el crecimiento de la minería ilegal como economía criminal. La situación ha generado una grave crisis de seguridad en la zona.
CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO
La congresista Gladys Echaíz, del grupo parlamentario Honor y Democracia, reconoció que existe responsabilidad política del Congreso por lo ocurrido en Pataz, al haber aprobado la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que permite a mineros ilegales operar mientras completan su proceso de formalización.
«La culpa también es del Congreso por haber aprobado esa ley del Reinfo. Se les dijo, se les advirtió; pero primaron otros intereses», declaró Echaíz a la prensa.
Al ser consultada sobre si el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tenía alguna responsabilidad, la parlamentaria señaló: “Salhuana es el asesor de todos los mineros ilegales”. (RI/AG/IP/)
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