La crisis política y judicial en Bolivia sumó un nuevo capítulo este lunes 5 de mayo, cuando la jueza Lilian Moreno fue detenida por la Policía boliviana. Moreno había generado controversia la semana pasada al anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en un proceso que lo investiga por trata agravada de personas. Las autoridades ahora la acusan de prevaricato y de emitir resoluciones contrarias a la Constitución.
La detención se produjo en Santa Cruz, ciudad donde la jueza reside y ejerce funciones. Según el relato de una familiar que la acompañaba al momento de su aprehensión, un grupo de agentes policiales interceptó a Moreno cuando salía de su domicilio. Poco después, fue trasladada al aeropuerto internacional de Viru Viru y llevada en avión a La Paz, de acuerdo con declaraciones de su abogado a medios locales.
EL FALLO QUE DESATÓ EL CONFLICTO
El miércoles 30 de abril, la jueza Moreno dictó un auto constitucional que declaraba nula la orden de captura vigente contra Morales. Además, ordenó el traslado del proceso judicial al Trópico de Cochabamba, región que representa el bastión político y sindical del exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
La resolución fue celebrada por los abogados de Morales, quienes afirmaron que el fallo restituía sus derechos constitucionales y lo habilitaba para circular libremente por el país. Morales incluso anunció su intención de inscribirse como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto, a las que busca postularse por fuera del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró por casi tres décadas.
Sin embargo, el fallo de Moreno fue duramente cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y por el Consejo de la Magistratura, que anunció de inmediato una investigación sobre la actuación de la jueza.
REVOCATORIA JUDICIAL Y ORDEN DE CAPTURA
El viernes 2 de mayo, el juez Franz Zabaleta, con sede en La Paz, revocó la decisión de Moreno. En su resolución, ordenó mantener vigente la orden de aprehensión contra Morales como medida cautelar, y suspendió de forma temporal cualquier determinación adoptada previamente en el caso. No obstante, los abogados del exmandatario desconocieron el alcance del nuevo fallo y lo calificaron como una maniobra política.
El trasfondo judicial tiene raíces en octubre de 2024, cuando la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, emitió una orden de captura contra Morales por un caso de presunta relación con una menor de edad mientras era presidente. Según la acusación, Morales habría tenido un hijo con la joven, entonces de 15 años, lo que motivó cargos por trata agravada de personas.
Este escándalo generó bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores durante 24 días y forzó al exmandatario a mantenerse desde entonces confinado en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el resguardo de centenares de simpatizantes.
A principios de 2025, Morales fue declarado en rebeldía por no presentarse a dos audiencias judiciales, alegando problemas de salud. La Justicia le impuso medidas severas, como la prohibición de salir del país, la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y la activación formal de su captura.
El exmandatario ha denunciado reiteradamente que el proceso judicial en su contra tiene un propósito político: impedir su postulación a los comicios de agosto. En paralelo, una sentencia del Tribunal Constitucional establece que un ciudadano solo puede ser reelegido una vez a la presidencia, ya sea de forma continua o discontinua. Morales ya gobernó durante tres mandatos, por lo que jurídicamente su candidatura sería inviable. (RI/AG/IP/)
Descubre más desde International Press - Noticias de Japón en español
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
