El debate sobre la reducción del impuesto al consumo en Japón se intensifica de cara a las elecciones a la Cámara Alta. Lo que antes era una propuesta impulsada por partidos como Nippon Ishin no Kai y el Partido Democrático para el Pueblo, ahora también ha sido acogido por el Partido Democrático Constitucional (Rikken Minshutō), que históricamente había sido más cauteloso. Las propuestas van desde eliminar completamente el impuesto sobre los alimentos (0%) hasta establecer una tasa única del 5%. Pero, ¿qué impacto tendría realmente una medida así en el bolsillo de los hogares japoneses?
Según cálculos del economista jefe Toshihiro Nagahama del Instituto de Investigación Económica Dai-ichi Life, una familia japonesa promedio paga alrededor de 298.000 yenes anuales en impuestos al consumo, lo que representa el 4,7% de su ingreso disponible. Este monto, aunque significativo, sigue siendo menor comparado con los impuestos sobre la renta y residenciales (663.000 yenes) y los pagos por seguridad social (778.000 yenes).
Sin embargo, el impacto del impuesto al consumo no es uniforme. Los hogares con ingresos medios (6.500.000 a 7.000.000 de yenes anuales) son los que más lo sienten, con una carga que llega al 5,9% de su ingreso disponible, mientras que los hogares con ingresos superiores a 15 millones de yenes enfrentan solo un 3.7%.
Curiosamente, los hogares de bajos ingresos no son los más afectados directamente, ya que muchos pertenecen a adultos mayores, cuyas gastos en alimentos están exentos o reducidos, y también incurren en gastos médicos no sujetos a impuestos.
EFECTOS DE LAS PROPUESTAS DE REDUCCIÓN
Se han puesto sobre la mesa dos propuestas principales:
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Eliminar el impuesto sobre alimentos (actualmente gravados al 8%)
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Reducir la tasa general del 10% al 5%
Según las simulaciones, eliminar el impuesto sobre alimentos supondría un ahorro anual de 64.000 yenes para una familia promedio de cuatro personas (un trabajador, un ama de casa y dos hijos). En términos relativos, la carga del impuesto pasaría de 4,7% a 3,7% del ingreso disponible. En hogares con ingresos bajos (2.500.000 a 3.000.000 de yenes al año), el ahorro sería de aproximadamente 48.000 yenes, y para los de altos ingresos, hasta 82.000 yenes.
Por otro lado, si se aplicara una tasa única del 5% para todos los productos y servicios, los beneficios serían aún mayores:
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Hogar promedio: ahorro de 141.000 yenes anuales
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Ingresos bajos: ahorro de 99.000 yenes
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Ingresos altos: ahorro de 285.000 yenes
Esto también reduciría la carga fiscal proporcional, bajando la tasa efectiva al 1,9% en los hogares más acomodados.
REFERENCIAS INTERNACIONALES Y CONSIDERACIONES FISCALES
El uso de tasas reducidas o nulas en alimentos no es exclusivo de Japón. En países como Italia y Francia, la tasa estándar ronda el 20%, pero los alimentos tributan entre 4% y 5%. Incluso, en Reino Unido, Canadá, Australia, Corea del Sur y Taiwán, los alimentos están exentos de impuesto al consumo. Estos modelos buscan contrarrestar la naturaleza regresiva del impuesto, que afecta más proporcionalmente a quienes menos ganan.
En Japón, el impuesto al consumo se argumenta como fuente para financiar el gasto en seguridad social. No obstante, según el presupuesto inicial del año fiscal 2020, de los 13,3 billones de yenes recaudados por el aumento del impuesto al 10%, solo 8 billones se destinan a seguridad social; el resto se usa para reducir deuda pública.
Reducir el impuesto general al 5% tendría un costo de 14 billones de yenes en recaudación. Sin embargo, si solo se eximieran los alimentos (manteniendo excluidos los licores y restaurantes), el costo sería más manejable: 5 billones de yenes al año.
Un posible modelo, según propuesta del economista Nagahama, sería elevar el impuesto general al 12% cuando la economía se recupere, compensando así la exención de alimentos y manteniendo los ingresos fiscales estables.
La reducción del impuesto al consumo —ya sea total o parcial— no solo aliviaría a los hogares, especialmente de clase media, sino que podría estimular el consumo interno, impulsar las ventas empresariales y, en consecuencia, mejorar la economía nacional. Por ello, el debate no es solo económico, sino también político y social. (RI/AG/IP/)
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