El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos detuvo a la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee en el estado de Wisconsin, bajo la sospecha de haber obstaculizado la detención de un inmigrante indocumentado por parte de las autoridades migratorias. La detención fue anunciada oficialmente hoy por el director del FBI y ha reavivado la ya tensa confrontación entre la administración del presidente Donald Trump y autoridades locales que defienden los derechos de los inmigrantes.
Según informes de medios estadounidenses, el incidente ocurrió el 18 de abril, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener a un hombre indocumentado que estaba compareciendo ante la corte por cargos de violencia. En ese momento, la jueza Dugan presuntamente desvió a los agentes hacia la sala de otro juez, lo que habría permitido que el acusado intentara huir del edificio judicial.
La intervención fue calificada por el director Patel como una acción que incrementó el riesgo público, y afirmó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que el individuo fue posteriormente capturado por agentes del FBI. Según Patel, la jueza «obstruyó una operación legítima y puso en peligro la seguridad pública».
UNA NUEVA FISURA ENTRE PODERES
La detención de una jueza en ejercicio ha generado una fuerte respuesta política. La senadora demócrata por Wisconsin, Tammy Baldwin, calificó la acción del gobierno federal como una “medida extrema y preocupante” y advirtió que este tipo de decisiones podría amenazar la separación de poderes en Estados Unidos.
“Arrestar a una magistrada en funciones por una presunta obstrucción, sin una investigación completa y transparente, pone en juego los principios fundamentales del equilibrio de poder en nuestro país”, señaló Baldwin en un comunicado.
Por su parte, el fiscal general Bondi, también en X, defendió la actuación del FBI y reafirmó que “nadie está por encima de la ley”, ni siquiera quienes ejercen funciones judiciales.
POLÍTICAS MIGRATORIAS DE TRUMP
La administración de Donald Trump, que ha retomado con fuerza su agenda de mano dura contra la inmigración ilegal, ha chocado reiteradamente con gobiernos locales y estatales, especialmente en estados gobernados por demócratas o con políticas migratorias más flexibles.
Desde el primer día de su nuevo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al gobierno federal a suspender fondos a estados o municipios que obstaculicen las operaciones migratorias federales, así como tomar “otras medidas” no especificadas. La Casa Blanca ha mostrado su disposición a actuar agresivamente contra jueces y autoridades locales que, a su juicio, interfieren en la aplicación de la ley migratoria.
En el pasado, Trump también ha solicitado el juicio político (impeachment) contra jueces federales que bloquearon sus órdenes de deportación masiva, calificando tales fallos como un «abuso de poder judicial». (RI/AG/IP/)
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