A pesar de la decisión del primer ministro Shigeru Ishiba de ordenar la liberación adicional de arroz de reserva estatal, los precios del grano básico no han dejado de subir. Aunque el gobierno ya ha liberado 210.000 toneladas de arroz, el costo al consumidor ha alcanzado niveles récord: más de 4.200 yenes por 5 kilos, el doble de lo registrado hace un año. Las razones, según expertos, van más allá de la oferta y la demanda, y apuntan directamente a un problema estructural: el poder dominante de JA, la federación de cooperativas agrícolas de Japón.
El Ministerio de Agricultura planea liberar 100.000 toneladas mensuales hasta julio, con el objetivo declarado de aliviar el alza de precios. Sin embargo, según el economista Ichihito Yamashita del Instituto de Estrategia Global de Canon, el efecto será limitado. Estima que el precio al consumidor podría bajar hasta 3,400 yenes, pero no más.
En declaraciones a la revista President, Yamashita dijo que el verdadero problema es la manera en que el Ministerio ha gestionado estas reservas. Más del 90% del arroz liberado ha sido vendido a JA, en lugar de hacerlo directamente a mayoristas o supermercados. JA, que compra a 21.000 yenes por cada 60 kilos, difícilmente venderá por debajo de ese precio sin incurrir en pérdidas, lo que limita cualquier baja significativa en el precio final.
Además, se estableció una cláusula sin precedentes: el arroz vendido será recomprado un año después. Esta medida —según los críticos— neutraliza cualquier aumento en la oferta real del mercado y garantiza que los precios no bajen. El gobierno no estaría combatiendo la inflación alimentaria, sino apuntalando el poder de JA.
LA JA CONTROLA EL PRECIO Y EL MERCADO
JA Agrícola controla aproximadamente el 50% del mercado de arroz. Tiene la capacidad de influir en el precio negociado con los mayoristas (conocido como «precio relativo»), que ha subido hasta los 26.000 yenes por 60 kilos. Esa cifra se traslada directamente al consumidor final, haciendo que el arroz sea más caro en supermercados.
Los productores de arroz, por su parte, apenas perciben esta subida. En el momento de la cosecha, reciben un pago provisional, y solo después de la venta a mayoristas reciben el ajuste final. Es por eso que muchos agricultores aún no sienten el supuesto aumento de precio.
No es la primera vez que JA es acusada de manipular el mercado. En 2005, se reveló que su rama en Akita había inflado precios mediante operaciones ficticias, y en 2011 presionó para eliminar las cotizaciones en centros de precios donde no podía controlar el resultado. También se ha opuesto históricamente a la introducción de mercados de futuros que transparentarían el valor del arroz.
¿MEDIDA ECONÓMICA O RESCATE ENCUBIERTO ?
Las próximas liberaciones de arroz incluirán lotes cada vez más antiguos: arroz de 2023 en abril y mayo, y de 2022 en junio y julio. Aunque técnicamente es comestible, la calidad y sabor del arroz almacenado por años —en especial si se trata de grano pulido— puede haber disminuido, lo que pone en duda su aceptación por parte de los consumidores.
Según Yamashita, esta estrategia no busca estabilizar precios ni beneficiar a los ciudadanos, sino rescatar a JA Agrícola. La liberación de 610.000 toneladas de arroz hasta julio no solo reforzará las reservas de la organización, sino que le dará mayor poder de negociación frente a los mayoristas. Incluso con una cosecha abundante en 2025, el precio difícilmente bajará si el mercado está bajo el control de una sola entidad.
Para que los precios realmente bajen, el economista propone abrir el mercado a otros actores y limitar el rol de JA. Solo así, dice, se podría establecer un mercado competitivo donde los consumidores no tengan que pagar el precio de una estructura rígida y poco transparente. (RI/AG/IP/)
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