El sistema postal japonés, representado por el grupo Japan Post Holdings, atraviesa una profunda crisis de gobernanza. A los escándalos por uso indebido de datos de clientes y conductas inapropiadas de empleados —como beber alcohol durante el horario laboral—, se suma ahora un controvertido plan de apoyo financiero por parte del gobierno. La cifra estimada: 65 billones de yenes anuales, unos 447 millones de dólares, reveló el Daily Shincho .
Durante la segunda mitad de la actual sesión ordinaria del Parlamento japonés, se espera la presentación de una reforma a la Ley de Privatización Postal. Uno de sus ejes centrales es que el Estado deje de recibir los dividendos por las acciones que aún posee en Japan Post y, en su lugar, esos fondos sean entregados directamente a la empresa como subsidios. El argumento oficial es preservar la red de aproximadamente 24 mil oficinas postales en todo el país, muchas de ellas en zonas rurales.
Aunque el dinero se destinaría principalmente a gastos de personal, la medida ha despertado duras críticas por desviar recursos públicos —que deberían ir a las arcas estatales— hacia una única empresa.
¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA PROPUESTA?
Según el periodista Takuro Miyazaki, autor del libro “La cara oculta de las oficinas postales”, esta idea no nace del gobierno, sino de la Asociación Nacional de Jefes de Oficinas Postales, también conocida como la “Kyokuchokai”. Esta organización representa a unos 19 mil jefes de oficinas locales, es decir, casi todas las oficinas pequeñas del país.
Pese a no tener reconocimiento legal ni estar registrada como entidad jurídica, esta agrupación tiene un poder político desproporcionado. Miyazaki explica que ha sido una aliada clave del Partido Liberal Democrático (PLD), al punto de funcionar como una verdadera “máquina de captación de votos”.
OFICINAS POSTALES COMO HERRAMIENTA ELECTORAL
La relación entre el PLD y la Kyokuchōkai va más allá del respaldo ideológico. En cada elección para la Cámara Alta (Senado), la asociación presenta un candidato propio bajo el ala del PLD en representación del gremio. Para asegurar su victoria, los jefes de oficina realizan un meticuloso trabajo proselitista. Uno de los métodos documentados es el “Rank-Up”, donde se clasifica a los simpatizantes en listas de “A”, “B” o “C” según la probabilidad de que voten por el candidato. Luego se les visita en sus hogares —incluso durante feriados como la Semana Dorada— para pedir apoyo, un método que raya con la ilegalidad, ya que podría constituir campaña anticipada.
Uno de los testimonios recogidos en el libro señala: “El número de votos es como el boletín de calificaciones de un jefe de oficina. Si no alcanzamos la meta, debemos escribir cartas de reflexión y enfrentamos duras reprimendas”.
EL PODER HEREDITARIO EN JAPAN POST
El poder de los jefes de oficina se agrava por su naturaleza hereditaria y la ausencia de rotación laboral. A diferencia de otros empleados, los jefes rara vez son trasladados, y muchos heredan su cargo de sus padres o abuelos. En 2018, cerca del 30% de ellos eran de línea sucesoria directa, lo que refuerza estructuras cerradas y poco transparentes.
Esta concentración de poder derivó en uno de los mayores escándalos del sistema postal: una estafa por más de 1.600 millones de yenes perpetrada por un exjefe de oficina en Nagasaki. Este funcionario, conocido como U, engañaba a clientes con supuestas ofertas de ahorro privilegiadas, usando documentos antiguos del correo para ganarse su confianza. Con el dinero obtenido, adquirió cuatro casas, un edificio de departamentos, 21 vehículos particulares y gastó millones en golf y restaurantes.
U fue arrestado en 2021, pero según las investigaciones, comenzó con estas prácticas desde 1996, cuando heredó el puesto de su padre. La falta de supervisión y la estructura cerrada del sistema facilitaron que esta estafa se prolongara por décadas.
Aunque el gobierno presenta el plan de 65 billones de yenes como una forma de garantizar la continuidad del servicio postal, los hechos revelan una alianza política de conveniencia. El PLD asegura votos, y a cambio, mantiene intocada una red de oficinas que en muchos casos opera con pérdidas.
Esta situación plantea serios interrogantes sobre la ética del uso de fondos públicos y la necesidad de reformar estructuras profundamente anquilosadas. Para muchos, este subsidio no es más que el precio de un pacto político disfrazado de política pública. (RI/AG/IP)
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