La presidenta peruana, Dina Boluarte, reafirmó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras las acusaciones en su contra y aseguró que continuará en su cargo. Boluarte denunció que su gobierno es víctima de ataques políticos por parte de sectores que califica como «caviares», como se denomina en Perú a sectores de izquierda, y reiteró su rechazo a lo que considera una persecución política.
“Rechazamos el ataque político contra el ministro Santiváñez y expresamos nuestra solidaridad. El ministro continuará en su cargo y seguiremos limpiando ese Ministerio de los caviares que lo habían capturado para trabajar, hacer consultorías y seguir robando el dinero de todos los peruanos”, declaró Boluarte.
La mandataria también cuestionó la labor del Ministerio Público, al que acusó de intentar desestabilizar a su gobierno mediante investigaciones judiciales que, según ella, buscan dañar la imagen de su administración. A pesar de las críticas, aseguró que Santiváñez continuará en su cargo y que su gobierno seguirá defendiendo la democracia y el Estado de derecho.
ACUSACIONES CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR
Juan José Santiváñez enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción. Dos testigos protegidos han declarado ante la Fiscalía que, antes de asumir su cargo, habría cobrado sobornos para manipular procesos judiciales en favor de sus clientes.
Los testimonios señalan que Santiváñez exigió $60.000 para influir en jueces a través de la magistrada Enma Benavides Vargas. Además, habría cobrado S/ 64,000 al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita para evitar medidas judiciales en su contra por compras irregulares durante la pandemia.
Entre las pruebas presentadas ante la Fiscalía se encuentran audios y mensajes en los que el ministro coordina con «Dra. Enma» para asegurar fallos favorables. También se reveló que José Luján Benavides, hijo de la jueza Benavides Vargas, trabajó en su estudio de abogados, lo que refuerza la sospecha de un posible «arreglo» judicial.
PAGOS ILÍCITOS Y OCULTAMIENTO DE PRUEBAS
Según los testigos, los pagos de sobornos se realizaban en efectivo en su estudio de abogados. En junio de 2020, el general Petit Amesquita le entregó S/ 60,000 en presencia de su personal. En otro caso, un familiar del capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, acusado en el caso «Escuadrón de la Muerte», pagó $60.000 para lograr su libertad. Sin embargo, Santiváñez no cumplió con su promesa y presentó pruebas falsificadas, incluyendo una captura adulterada de una casilla electrónica.
Las acusaciones también señalan que Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, administradora de su estudio de abogados y presunta pareja sentimental, ocultó su computadora e iPad en enero de 2025 para evitar que fueran incautados por las autoridades.
FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA DEL MINISTRO
Una de las interrogantes clave es cómo Santiváñez se enteró del allanamiento a su domicilio antes de que sea ejecutado por el Ministerio Público. La información debía ser reservada, lo que sugiere que recibió un «soplo» desde el sistema judicial o policial, según dijeron fuentes judiciales citadas por el Canal N.
Por su parte, el Ministro del Interior calificó las denuncias en su contra como una «cortina de humo» y aseguró que la Fiscalía está abusando de su poder con allanamientos injustificados.
El analista Fernando Rospigliosi sostuvo que el allanamiento contra Santiváñez es una represalia de la Fiscalía peruana debido a su respaldo a la ley aprobada por el Congreso que devuelve a la Policía la facultad de investigación. Según Rospigliosi, este tipo de acciones judiciales son una reacción contra el ministro por haber anunciado una denuncia contra la fiscal de la Nación. (RI/AG/IP/)
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