El ministro de Justicia de Japón, Ryu Koizumi, informó hoy que el gobierno ha otorgado permisos de residencia especial a más del 80% de los menores de 18 años que nacieron y crecieron en el país, pero que no contaban con estatus legal debido a la situación migratoria de sus padres. En total, 212 de los 252 menores afectados han recibido este «permiso de residencia especial» (在留特別許可, Zairyu Tokubetsu Kyoka), en un gesto que se enmarca en las excepciones permitidas bajo la reformada Ley de Inmigración.
Esta medida responde a la preocupación que se había planteado durante la revisión de la ley, aprobada en junio de 2023, la cual limita a dos las solicitudes de reconocimiento como refugiado, con el fin de evitar abusos en el sistema. En ese contexto, surgieron voces que advertían del riesgo de que menores que solo han vivido en Japón pudieran ser deportados. Para mitigar estas situaciones, el entonces ministro de Justicia, Ken Saito, anunció en agosto una medida de alivio excepcional.
Según datos de la Oficina de Inmigración de Japón, un total de 263 menores fueron considerados en este proceso, pero 11 de ellos decidieron regresar voluntariamente a sus países de origen. De los 252 restantes, 212 niños han recibido el permiso especial, lo que representa un 84% de los casos.
Además, se tomó en cuenta la situación familiar de los menores. Dado que muchos de estos niños no podrían vivir solos en Japón, las autoridades extendieron el permiso a 183 familiares, incluidos 137 padres y 46 hermanos. Esta decisión busca garantizar que los menores tengan el apoyo necesario para integrarse plenamente en la sociedad japonesa.
CASOS NO APROBADOS
No obstante, 40 menores (16%) no recibió el permiso de residencia. Entre las razones señaladas, se mencionan casos en los que los niños no habían alcanzado la edad escolar, lo que dificultaba argumentar su arraigo en el país. También se tuvo en cuenta si los padres presentaban antecedentes de conductas antisociales o crímenes graves, como penas de prisión superiores a un año o reincidencia en delitos, lo cual impedía garantizar un entorno adecuado para el bienestar de los menores. (RI/AG/IP/)
