La escasez de arroz en los supermercados japoneses, a la que algunos llaman la «crisis del arroz de la era Reiwa», ha vuelto a poner en el centro de atención el sistema de «arroz de reserva» del gobierno nipón. A pesar de que las estanterías están vacías en muchas partes del país, el gobierno mantiene cautela para liberar las reservas, lo que ha generado debate sobre las razones detrás de esta medida.
El sistema de «arroz de reserva», establecido tras la «crisis del arroz de la era Heisei» en 1993, fue creado para garantizar la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia.
Cada año, el gobierno compra unas 200.000 toneladas de arroz, acumulando un total de 1 millón de toneladas en reservas. Este arroz se almacena bajo condiciones especiales de temperatura y humedad para que se mantenga en condiciones óptimas durante cinco años.
Sin embargo, después de este período, el arroz se vende como pienso, generando una pérdida económica. Según un informe del Ministerio de Agricultura, los costes totales de mantenimiento y gestión de este sistema ascienden a 49 billones de yenes (aproximadamente 337 millones de dólares) anuales.
De esa cantidad, el almacenamiento en sí cuesta unos 11,3 billones de yenes (aproximadamente 77 millones de dólares) por año. Este gasto ha sido motivo de debate en el pasado, cuestionándose si realmente es necesario destinar una cantidad tan alta de impuestos para mantener esta reserva.
A lo largo de los años, el arroz de reserva ha sido utilizado en situaciones de emergencia. En 2003, se liberó una parte debido a una mala cosecha, y en 2011, tras el devastador terremoto y tsunami del este de Japón, se distribuyeron unas 40.000 toneladas. En 2016, el terremoto de Kumamoto también desencadenó la liberación de parte de estas reservas.
A pesar de estos antecedentes, la liberación del arroz de reserva no es una decisión fácil. El actual ministro de Agricultura, Tetsushi Sakamoto, ha mostrado cautela, temiendo que una liberación apresurada pueda alterar gravemente el mercado.
Aunque actualmente el precio del arroz ha subido debido a la escasez, liberar grandes cantidades de arroz de reserva podría provocar una caída brusca de los precios, lo que sería devastador para los agricultores. En palabras de Sakamoto, «la liberación de las reservas debe ser gestionada con mucho cuidado para no dañar a la industria arrocera».
El gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha presionado al gobierno para que libere parte de las reservas, argumentando que no tiene sentido «mantener el arroz almacenado mientras los consumidores luchan por conseguirlo».
Sin embargo, los economistas expertos en el sector destacan que el actual desequilibrio entre oferta y demanda no se debe a una caída en la producción, sino a un aumento en la demanda por la reactivación del sector de la restauración tras la pandemia y el crecimiento del turismo.
Además, se advierte que la liberación del arroz en estas circunstancias podría llevar a una reinterpretación de la Ley Alimentaria, que establece que las reservas deben utilizarse en casos de emergencia cuando la producción se vea afectada, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.
En caso de una crisis mayor, como una cosecha desastrosa, el proceso para liberar las reservas implica la convocatoria de un comité del Ministerio de Agricultura, que evalúa la situación del mercado antes de que el ministro tome la decisión final. Según el propio Ministerio, el arroz de reserva puede ser distribuido en un plazo de dos a tres días en caso de emergencia, lo que garantiza una respuesta rápida.
El debate continúa sobre si liberar parte de las reservas ahora o mantenerlas para posibles emergencias mayores en el futuro. Lo cierto es que el sistema de «arroz de reserva» sigue siendo un pilar clave de la política alimentaria de Japón, aunque a un alto costo para los contribuyentes, concluyen los analistas. (RI/EX/International Press)
