ijuuren, la Red Nacional con los Migrantes en Japón, comenzó una campaña de recolección de firmas en todo país contra el proyecto del gobierno japonés que pretende revocar el estatus de residente permanente (eiyusha) a quienes no paguen impuestos y las primas del seguro social.
ijuuren, fundada en 2015 y cuyas instituciones miembros luchan por los derechos de los extranjeros desde mucho antes, emitió una declaración rechazando la reforma que el gobierno quiere que se apruebe en la sesión ordinaria del Congreso en curso.
«Nos oponemos a esta política porque la anulación del permiso de Residencia Permanente desestabilizará significativamente la situación no sólo de los extranjeros que actualmente tienen dicho estatus, sino también de todos los extranjeros que tengan la intención de solicitar este estatus en el futuro», dijo ijuuren en su declaración emitida en febrero pasado en su página web.
Para obtener la residencia permanente en Japón, los solicitantes en principio deben haber vivido durante al menos 10 años y cinco años de trabajo. Generalmente se exige que no hayan sido encarcelados ni multados y que hayan cumplido obligaciones oficiales como el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.
Sin embargo, según el sistema actual, una vez concedido el permiso permanente, no puede anularse excepto en los casos en que se haya proporcionado información falsa en el proceso de solicitud. El Nikkei dijo, citando fuentes del gobierno, que la reforma planteada ahora quiere que un residente extranjero permanente pueda perder su estatus y recibir la misma visa que tenía antes de su revocación. No se sabe si también se está considerando otra medida extrema.
La red ha criticado esta iniciativa gubernamental porque puede «privar a los inmigrantes de una base de vida estable que han construido durante muchos años de trabajo en Japón» y porque no está considerando los contratiempos de la vida.
«(Se puede) dejar de cumplir los requisitos económicos (de una residencia permanente) por contratiempos de enfermedad, desempleo, cambios de situación social, etc., o retrasarse en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social por disminución de los ingresos o por errores u omisión del trámite», sostuvo ijuuren.
La red opina que el impago de impuestos o del seguro social puede tener sanciones como el requerimiento legal o el embargo, tal como lo dice la ley y de la misma forma que ocurren con un infractor japonés, y advirtió que cualquier otra acción punitiva sólo contra los extranjeros será discriminación.
«La anulación del estatus de residencia sólo a los extranjeros que han establecido una base suficiente para vivir en Japón, y obtenido el permiso de Residencia Permanente, será una discriminación notable contra estos ciudadanos», afirmó.
Según la Agencia de Servicios de Inmigración, hasta junio de 2023 vivían en Japón 880.178 extranjeros con residencia permanente, o 27,3% del total. Los peruanos representan el grupo inmigrante de Japón con el mayor porcentaje de personas con visa permanente con un 67,4%, seguidos de los brasileños con 49,4%, filipinos 38,8% y chinos 25,2. (RI/International Press)
LINK: Lea la declaración completa contra la Anulación del Estatus de Residente Permanente
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