Después de 12 años de vivir con una orden de deportación, una pareja de hermanos de nacionalidad peruana que creció en Japón recibieron el Permiso Especial de Residencia que les permitirá vivir legalmente en el país.
El pasado 16 de febrero, la hermana de 22 años, estudiante universitaria de cuarto año, y su hermano de 20 años, estudiante de segundo año, acudieron a la Oficina de Inmigración de Osaka acompañados por su madre (57) y tres personas de su grupo de apoyo. La semana anterior habían recibido una llamada de inmigración, pero no se les explicó el motivo.
Asahi informó que quince minutos después de ingresar a la oficina correspondiente, los dos salieron con sus tarjetas de residencia en las manos. La hermana, considerando la presencia de personas sin estatus de residencia en la sala de espera, instó a salir afuera antes de celebrar con su madre y sus acompañantes.
Desde que se les ordenó la deportación, la madre y sus hijos han vivido con «libertad provisional» y con el pedido constante de abandonar el país. No podían trabajar y necesitaban permiso de inmigración cada vez que salían de la prefectura.
La hermana, a punto de graduarse de la universidad, se comunicó de inmediato con su futuro empleador para confirmar su disposición total a la oferta de trabajo. «Hablaba con amigos sobre viajar antes de comenzar a trabajar, ahora puedo ir fuera de la prefectura libremente. Espero poder recuperar poco a poco lo que he perdido en la vida hasta ahora», declaró la joven peruana.
El estatus de residencia obtenido es por «estudio», pero la hermana se alista para solicitar de inmediato el cambio a permiso de trabajo, mientras que su hermano solicitó una autorización que le permita laborar hasta 28 horas a la semana.
«Estoy muy contento de haber obtenido el permiso especial, pero es complicado que tras haber vivido en Japón durante 20 años aún se nos considere como ‘estudiantes’. Honestamente, también tengo sentimientos encontrados», declaró el hermano.
En la década de los ’90s, sus padres vinieron ilegalmente a Japón con nombres falsos y trabajaron en fábricas de piezas de automóviles y otros empleos. Sus dos hijos nacieron en Japón.
En 2011, el padre fue arrestado por violar la Ley de Control de Inmigración y la familia recibió la orden de deportación en 2012. Solicitaron el permiso especial en 2013 pero perdieron el caso. El padre fue deportado forzosamente en 2016 y perdieron su segunda demanda.
La organización de apoyo católica «Sinapis» (Osaka), que ha estado apoyando a esta familia peruana durante los últimos 8 años, destacó la figura de la madre quien «ha estado actuando con fortaleza para no preocupar a sus hijos. Realmente ha sido difícil para ella. Es bueno que no hayan renunciado hasta ahora».
A pesar de todos los esfuerzos, la Oficina de Inmigración no ha otorgado la visa especial para la madre quien declaró sobre el momento que vive su familia: «Es bueno que primero se haya reconocido la situación legal de mis hijos. Hemos llegado hasta aquí gracias a muchas personas que nos han ayudado y porque no estábamos solos. Haré lo que pueda de ahora en adelante».
El abogado que ha brindado apoyo legal a la familia manifestó a la prensa japonesa: «Se debe apreciar que se hayan considerado las circunstancias individuales de los hermanos, y por ahora, nos sentimos aliviados. Continuaremos exigiendo que la familia no sea separada». (RI/NI/IP/)
