A falta de resultados de las medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte para disminuir el alto índice de criminalidad en el Perú, (estableció zonas de emergencia en algunas provincias del norte del país, y algunos distritos de Lima Metropolitana donde operan bandas de alta peligrosidad en su mayoría extranjeras) surge ahora la propuesta desde el Congreso de la República de establecer ‘tribunales sin rostro’ para juzgar a este tipo de delincuentes establecidos en bandas criminales que están poniendo en jaque a nuestra Policía Nacional.
El proyecto fue presentado por el congresista Juan Burgos Oliveros para implementar en el país un sistema de jueces y fiscales sin rostro para casos asociados a la criminalidad organizada.
Está vigente la Ley N°30077 (ley contra el crimen organizado) cuyo artículo 6 establece que todo proceso seguido contra los miembros de una organización criminal se considera complejo.
Lo cierto es que hay una elevada tasa de criminalidad en el país que está avanzando peligrosamente y que mientras la policía hace sus esfuerzos de captura con los elementos a su alcance, se encuentra con jueces y fiscales que caen ante la corrupción y los liberan ante el desconcierto policial y de la ciudadanía.
Ante estos hechos, no podemos quedarnos de brazos cruzados como meros espectadores sin hacer nada para detenerla. Hasta el momento, ni el gobierno central ni el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han logrado dar batalla con eficacia a estos criminales que cada día siembran el terror en las calles, plazas, parques, escuelas, restaurantes, al atacar con armas de fuego a sus víctimas a vista de todo el mundo.
Aunque ya se elevan algunas voces desde las ONG’s defensoras de los Derechos Humanos, que señalan que el proyecto atenta contra dos principios básicos establecidos en la Constitución como son: el derecho al debido proceso y las garantías a un sistema de justicia independiente, lo cierto es que este planteamiento del congresista Burgos nos recuerda a los tribunales sin rostro que se establecieron en el Perú para juzgar a terroristas y que con el tiempo, se anularon sus sentencias y fueron sujetos a nuevos procesos de juzgamiento y condena.
Claro, ahí si elevan su voz estas organizaciones que se dicen defensoras de los DDHH, defensoras de estos criminales extranjeros de Venezuela, Colombia, Ecuador que quieren sembrar el terror en el Perú. Y se quedan bien ‘calladitas’ cuando matan a policías o asesinan a civiles en las calles sin importarles que sus familias sean testigos de esa ferocidad.
¿Qué DDHH defienden estas organizaciones? ¿No se supone que deben de proteger a quienes son las víctimas? No al delincuente, al asesino.
el 26,9% de la población peruana mayor de 15 años fue victima de algún delito a nivel urbano. Y, en Trujillo, departamento de La Libertad, lugar que ha sido tomado por delincuentes, las estadísticas reportan que en el último año se registraron 350 homicidios
El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, consultado sobre el tema por el diario Expreso, se mostró a favor del establecimiento de los jueces sin rostro pues le permitiría a la policía actuar con mayor tranquilidad.
“Nosotros trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro para juzgar a miembros de organizaciones criminales, que una vez detectados vayan a la cárcel directamente, y no haya esta posibilidad de prisión preventiva”, señaló Arriola.
Según cifras del INEI, durante el primer semestre de 2023, el 26,9% de la población peruana mayor de 15 años fue victima de algún delito a nivel urbano. Y, en Trujillo, departamento de La Libertad, lugar que ha sido tomado por delincuentes, las estadísticas reportan que en el último año se registraron 350 homicidios, pero en lo que va del 2024 las cifras muestran una tendencia que supera un asesinato diario.
Con esta triste realidad, no podemos permitir que la ola delictiva siga creciendo. Que se ponga mano dura a estas bandas criminales, desarticulándolas y capturando a sus miembros en sus bunkers (residencias de lujo alquiladas en barrios residenciales) y se los deporte a su país de origen. Miremos como ejemplo a El Salvador de Bukele, que de ser uno de los países más violentos del mundo hasta antes del 2019, ahora registra un promedio de 0,4 homicidios al día, colocándolo como uno de los países más seguros detrás de Canadá.
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