Afshin huyó de su país, Irán, donde era víctima de persecución política, a Japón en 1990.
Ha solicitado cuatro veces al gobierno de Japón que lo acoja como refugiado, pero ha sido rechazado una y otra vez.
Sin embargo, en abril, después de que el gobierno le negó el asilo por cuarta vez, le otorgó una visa especial renovable por un año en consideración a su precaria salud.
El iraní de 56 años siente alivio. Ha conseguido por fin un permiso que ha estado buscando durante décadas.
“Para esta visa, tuve que soportar tanto dolor”, declara a Yomiuri Shimbun.
No obstante, aún no puede cantar victoria.
Afshin está preocupado por el proyecto de ley que se discute en el Parlamento y que busca acelerar las deportaciones de personas como él.
En Irán, pertenecía a un grupo de oposición al gobierno islámico. Fue golpeado varias veces y en un par de ocasiones lo amenazaron a punta de pistola.
Su novia, integrante del mismo movimiento opositor, fue detenida y ejecutada.
Afshin podía ser el próximo y decidió huir.
El Japón de 1990 al que arribó con una visa de corta duración era un país que necesitaba mucha mano de obra.
El iraní consiguió trabajo fácilmente. “Yo y otros extranjeros hacíamos los trabajos que los japoneses comunes no querían hacer”, recuerda.
Pero la economía japonesa entró en recesión, el boom se acabó y las autoridades japonesas comenzaron a endurecer sus medidas contra los extranjeros que permanecían de manera ilegal en el país, como Afshin.
El iraní fue detenido en 2001 y al año siguiente solicitó asilo por primera vez. Dice que antes no lo pidió, cuando el trabajo abundaba, porque no lo creía necesario.
Afshin le relató al funcionario de inmigración que lo entrevistó detalles de la persecución y los ataques que sufrió.
No logró convencer al oficial y su solicitud fue desaprobada.
De aquel encuentro, el iraní recuerda una pregunta insólita que le hizo el funcionario cuando le contó que había sido amenazado con una pistola: “¿Tienes una foto de eso?”.
Un funcionario de la Agencia de Servicios de Inmigración le dijo a Yomiuri que es poco probable que un oficial haga una pregunta como esa.
Sin embargo, Koichi Kodama, un abogado que ha ayudado a solicitantes de asilo, asegura que muchos funcionarios son incapaces de comprender la situación en torno a los extranjeros.
Como ejemplo, puso el caso de un solicitante de asilo afgano, que fue entrevistado por un oficial que no reconoció el nombre de (Hamid) Karzai, expresidente de Afganistán.
Volviendo a Afshin, el hombre ha estado encerrado tres veces por un total de cuatro años en Japón.
Una vez casi lo envían a la fuerza a Irán. Tuvo que hacerse daño a sí mismo para impedirlo.
El l 2 de febrero de 2006, un grupo de trabajadores del centro de detención de Ushiku, en la prefectura de Ibaraki, lo sacaron de su celda para expulsarlo del país.
Para Afshin, la deportación equivalía a la pena de muerte. Desesperado, se golpeó la cabeza contra el marco de una ventana a propósito. “No tenía otra opción que lastimarme a mí mismo”, recuerda.
Comenzó a sangrar de la cabeza y lo atendieron. Sin embargo, las autoridades estaban decididas a deportarlo y lo llevaron en un autobús al Aeropuerto de Narita.
Al llegar, se resistió cuando los oficiales intentaron bajarlo del vehículo. Sus heridas se reabrieron y volvió a sangrar.
Cuando en Iran Air lo vieron cubierto de sangre, se negaron a permitirle subir al vuelo a Irán.
Afshin fue trasladado de regreso al centro de detención. Se había salvado.
Se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático. “Vivía con el temor de ser deportado todos los días desde la mañana hasta la noche”, dice.
En marzo de este año se sometió a una cirugía por una afección cardíaca, un problema de salud que le ha permitido quedarse en Japón con una visa especial de un año.
Puede quedarse, pero no trabajar, así que depende de las donaciones de individuos e instituciones para vivir.
Japón, como país afiliado a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiado, tiene la obligación legal de ofrecer protección a los refugiados, las personas con “temor fundado” de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por opiniones políticas, en sus países de origen, según Yomiuri.
El abogado de Afshin, Makoto Iwai, sostiene que su cliente entra claramente en la categoría de “opiniones políticas”.
“Podría ser perseguido si es deportado a Irán”, dice. Falta convencer de ello a las autoridades japonesas. (International Press)
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