En abril de 2021, Fusako Yanase, una mujer de 74 años que evalúa casos de extranjeros que solicitan refugio en Japón, dijo ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes que había examinado, a través de entrevistas personales, a alrededor de 2.000 personas entre 2005 y 2021.
De los 2.000 casos, solos en seis determinó que los solicitantes cumplían los requisitos para acogerse a la condición de refugiados.
El 14 de abril de 2023, la consejera declaró a Asahi Shimbun que ha evaluado alrededor de 4.000 casos.
Esto significa que entre 2021 y 2023 Yanase examinó 2.000 casos, 1.000 por año, una cifra desmesurada, más aún considerando que según una investigación de la Red de Abogados de Japón para Refugiados que abarcó a 10 colegas de Yanase, el número promedio de casos examinados en el transcurso de un año hasta marzo de 2023 fue de 36,3 por consejero (desde un mínimo de 17 hasta un máximo de 50 casos).
Entre 50 casos (como máximo) y los mil de Yanase hay un mar de diferencia.
Para los abogados, Yanase estaría mintiendo o no cumpliría con su trabajo con la debida diligencia, revela Mainichi Shimbun.
El testimonio de la consejera en el Parlamento, quien dijo que pese a que desea encontrar refugiados para salvarlos casi no los hay, fue utilizado para elaborar el proyecto de ley que acelera el proceso de deportaciones en Japón, al limitar a dos el número de veces que un extranjero puede solicitar refugio (actualmente no hay límites).
Cuestionada por Mainichi por el altísimo número de solicitudes que ha evaluado, Yanase dijo que no le parece un número “irrazonable” y que el proceso de escrutinio no necesariamente toma mucho tiempo considerando, por ejemplo, que hay casos de fácil resolución, como cuando un extranjero alega problemas personales para solicitar asilo, factor que no contempla la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
El tiempo de evaluación también se reduce cuando no es necesario examinar la situación del país de origen del extranjero debido a que ya se ha hecho en la evaluación de otros solicitantes de la misma nacionalidad.
La asesora, que ha trabajado en un grupo de apoyo a refugiados sin fines de lucro durante muchos años, se defiende: “Siempre hago lo mejor que puedo en el proceso de selección con el deseo de salvar a tantos refugiados como sea posible”.
Aunque la mujer sostiene que su labor se facilita cuando analiza casos en los cuales se alegan razones personales, también es difícil “distinguir entre los solicitantes que alegan circunstancias personales y los refugiados que enfrentan la amenaza de persecución”.
Los consejeros son abogados y expertos académicos designados por el Ministerio de Justicia para evaluar las solicitudes de refugio en una segunda ronda, después de que la Agencia de Servicios de Inmigración rechaza la solicitud en una primera ronda y el extranjero lo intenta por segunda vez.
Empleados gubernamentales a tiempo parcial, actualmente son 111.
En el caso de Yanase, la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón explica que los consejeros trabajan en grupos de tres, y que es posible que algunos ayuden a otros equipos, razón por la cual hay asesores que manejan más casos que otros. (International Press)
