Actualmente, Japón no puede deportar a un extranjero cuya solicitud para acogerse a la condición de refugiado está en evaluación.
Si la solicitud es rechazada, el extranjero puede volver a presentarla sin tope alguno.
El gobierno de Japón considera que hay extranjeros que abusan de este recurso para evitar su deportación.
Por ello, en el Parlamento se está discutiendo una reforma de la ley de inmigración para limitar a dos el número de veces que un extranjero puede solicitar asilo.
Sin embargo, muchos extranjeros que permanecen de manera ilegal en Japón tienen hijos nacidos y criados en el país, y que -como sus padres- enfrentan órdenes de deportación.
Si el proyecto de ley que se discute en el Parlamento entra en vigor tal como ha sido planteado, los menores serían deportados con sus progenitores.
En consideración a su situación, el gobierno japonés evalúa otorgarles un estatus de residencia, según fuentes de Asahi Shimbun.
Todo apunta a que hay consenso en el gobierno y la oposición para hacer una excepción con los niños.
El opositor Partido Democrático Constitucional aboga por un “permiso especial” para que los menores puedan quedarse en Japón.
La coalición gobernante, formada por el Partido Liberal Demócrata y Komeito, proponen tener en cuenta los “intereses de los niños” en el proyecto en marcha.
A fines del año pasado, sobre 4.233 ciudadanos extranjeros pendía una orden de deportación, de los cuales 201 eran menores de 18 años que habían nacido en Japón.
Los 201 recibirían un permiso especial para que se puedan quedar en Japón cuando la nueva ley de inmigración comience a regir. (International Press)
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