Todos los que tenemos memoria recordamos el anuncio del presidente Pedro Castillo el 10 de noviembre del año pasado en Ayacucho de poner en venta el avión presidencial y destinar ese dinero nada menos que a dos sectores muy afectados por la pandemia: educación y salud. Ha transcurrido casi un año de ese anuncio y a la fecha no hay venta alguna. Por el contrario, la nave tiene muchas millas de recorrido y el presidente Castillo es criticado por el mal uso que hace de la aeronave, los elevados costos que generan sus traslados con comitivas que no justifican su uso y hasta una denuncia constitucional hecha por el congresista Edward Málaga.
Es conocida la terquedad con la que actúa el mandatario peruano cuando se trata de justificar sus acciones. Pero, por los gastos que realiza en sus traslados tiene que dar cuenta al país por tratarse de dinero público, dinero de todos los peruanos que le pagamos un sueldo para que trabaje no para que pasee con familiares, amigos o haga campaña política. Lo cierto es que Castillo ha salido a contestar con todo al que lo critica, se ha picado, le ha dado pataleta y hasta le ha enrostrado a la prensa – culpable de todo lo malo que él hace – que no eran tan críticos con el avión parrandero (refiriéndose a Toledo) ni con el que llevaba droga, (el narco avión en el gobierno de Fujimori), afirmación falsa porque en su tiempo corrieron ríos de tinta sobre estos temas en los diarios y revistas.
Luego que el Centro Liber (a fin a IPYS) revelara semanas atrás los millones de soles gastados en los traslados del presidente y sus ministros en viajes al interior del país, para – según el gobernante – descentralizar las sesiones de Consejo de Ministros y permitir el acercamiento con las distintas autoridades y dirigentes de las regiones; y luego conocerse que estas no han sido productivas y peor aún fueron reuniones improvisadas, informales, sin acuerdos importantes y de las cuales solo existe un acta, (la reunión en el Cusco el 29 octubre del 2021) el presidente no tuvo mejor idea que agarrárselas con sus críticos. “…Un Consejo es un espacio donde se deciden cosas importantes para el Estado. Lo que hace el gobierno es desnaturalizar el instrumento, que está en la normativa, para generar una serie de expectativas”, dijo el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, en entrevista con el diario El Comercio.
Tras estos cuestionamientos por el mal uso de la nave, la FAP ha reportado que de los nueve millones de soles gastados seis corresponden a los viajes del jefe de Estado a países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia. El escándalo se desató luego de conocerse que en uno de los últimos viajes presidenciales a Chiclayo (Lambayeque), Castillo habría llevado en el avión presidencial a Fray Vásquez Castillo, el sobrinísimo a quien se le sindica de pertenecer a una red criminal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que está prófugo de la justicia desde hace más de seis meses.
Las explicaciones de la FAP respecto a un error al momento de elaborar la lista de pasajeros y que al escribir a mano el nombre de Lay Vásquez en lugar de Yoni Vásquez Castillo – otro de los sobrinos del presidente – no han sido para nada satisfactorias. Además, se conoció que tampoco era correcto el número de DNI dado por Yoni Vásquez. Claro, después de estos hechos revelados por el Centro Líber, la prensa empezó a investigar y lo propio viene haciendo tanto el Ministerio Público como el Congreso de la República; y de comprobarse que el presidente Castillo habría ayudado a escapar de la justicia a su sobrino, sumaría una nueva denuncia.
También la Contraloría General de la República está investigando el uso del avión de la FAP y ha designado un equipo especial cuyos resultados deben conocerse próximamente.
Según el documento presentado por el congresista Edward Málaga ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Castillo ha infringido los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución al hacer uso indebido del avión presidencial y posible encubrimiento de un prófugo de la ley. También el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Diego Bazán ha solicitado facultades para investigar el uso del avión presidencial y otras naves de las FFAA por el presidente.
Ante esa vorágine de sucesos ocurridos Castillo anunció el último domingo en Cangayo (Ayacucho) que seguirá usando en sus viajes el avión presidencial para – según él – llevar desarrollo a las provincias, y desafió al Congreso al señalar que insistirá en su pedido de solicitar autorización para su viaje a Europa donde tiene prevista una reunión con funcionarios de la FAO y con el Papa Francisco.
Lo cierto es que se le viene la noche al presidente y ha empezado a desesperarse atacando en varios frentes: Al Congreso de la República, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, al Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder que lo investiga como líder de una organización criminal a cargo de la fiscal Marita Barreto, y a Henry Colchado quien ha denunciado un plan para eliminarlo.
