Un grupo de 50 personas ha solicitado al Tribunal de Distrito de Tokio que emita una orden judicial que ordene la suspensión del funeral de Estado del asesinado ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
Los demandantes se oponen al uso de recursos públicos para financiar la ceremonia.
Uno de los impulsores de la iniciativa, una organización cívica que trabaja contra el abuso de poder, sostiene que “hay voces dentro de la sociedad y los partidos de oposición que están en contra de realizar un funeral de Estado” y que el tema debería ser discutido en el Parlamento.
La oposición, según Kyodo, está preocupada por la posibilidad de que el funeral se utilice para fortalecer el legado de una “figura divisiva” como Abe.
Los demandantes afirman que no existe una base legal para realizar un funeral de Estado y que sería ilegal ejecutar el gasto que implica únicamente sobre la base de una decisión del gobierno central.
Asimismo, dicen que el funeral de Estado de Abe violaría el artículo 19 de la Constitución, que garantiza la libertad de pensamiento, pues los escándalos relacionados con el ex primer ministro han dividido al público.
Durante una conferencia de prensa, el principal portavoz del gobierno de Japón, Hirokazu Matsuno, no se refirió directamente a la demanda, pero subrayó que un funeral de Estado es una ceremonia que “no impone una visión política particular a cada japonés”.
La ceremonia está prevista para septiembre. Si se realiza, sería el segundo funeral de Estado de un ex primer ministro en el Japón de la posguerra. (International Press)
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