Le Viet Tan, un vietnamita de 20 años, tenía previsto aterrizar en Japón en octubre de 2020 para iniciar su capacitación laboral en una planta de procesamiento mecánico.
Para poder viajar y trabajar en Japón, Tan contrajo una deuda equivalente a alrededor de 500 000 yenes (4 320 dólares), monto destinado a cubrir el boleto aéreo así como la tarifa que le cobró una organización vietnamita para conseguirle trabajo en Japón.
Tan no puede entrar a Japón por la prohibición impuesta por el gobierno nacional a los extranjeros no residentes. Sin embargo, sus acreedores no perdonan, y el joven se ha visto obligado a ir pagando la deuda.
Frustrado por la imposibilidad de viajar a Japón y, por ende, de trabajar y ganar dinero, se pregunta: “¿Qué pasará conmigo y mi familia si no puedo ir a Japón?”.
En declaraciones a Asahi Shimbun, el hombre exterioriza su frustración: “Es injusto que Japón apunte solo a los extranjeros para prohibirles la entrada”.
Su caso dista de ser aislado. Como él, hay alrededor de 50 000 vietnamitas que tenían planificado viajar a Japón para desempeñarse como aprendices y que están atrapados en un limbo, sin poder ingresar a territorio japonés por las restricciones que el gobierno implantó en marzo de 2020 para evitar la propagación del coronavirus.
Ya son casi dos años, y como Tan, miles de vietnamitas están frustrados, sobre todo aquellos que tienen deudas por pagar, advierte Asahi.
El problema no es solo de los vietnamitas, sino también de los negocios en Japón que los necesitan.
Los vietnamitas que cumplieron su periodo de capacitación en Japón están volviendo a su país, pero los puestos que dejan vacantes no están siendo cubiertos por nuevos aprendices debido a la prohibición.
“Estamos viendo una escasez de trabajadores en todos los sectores porque el vacío dejado por el regreso de los aprendices a su país no se ha llenado”, alerta el representante de una entidad en la prefectura de Chiba que actúa como intermediaria entre los aprendices extranjeros y los empleadores. (International Press)
